El presidente Santiago Peña promulgó el jueves pasado un decreto que establece nuevas especificaciones técnicas de calidad para combustibles a ser importados y comercializados en Paraguay, parámetros a los que deberán ceñirse las empresas públicas o privadas que ingresen o vendan distintos tipos de combustibles en el país.
“Va a costar un poco más caro, pero se está en condiciones de hacer esa mezcla”, refirió el presidente de la Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustibles (Cadipac), Miguel Bazán, sobre el impacto que tendrá el decreto en la estructura de costo de las gasolineras.
Precisó que la implementación de los cambios establecidos por el decreto demandará un costo a las gasolineras de entre G. 70 y G. 120 por litro.
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¿Habrá suba de combustible?
Bazán indicó que, en principio, la intención es que este incremento sea asumido por los empresarios porque “la diferencia no es grande”. No obstante, señaló que cada firma determinará cómo impacta ello.
“Se va a implementar en el costo, no así el precio al público. En principio, se mete en la estructura de costo, luego se verá. Hay empresas que tienen más influencias y otras menos, depende de las características de sus naftas”, dijo.
Nuevas exigencias de calidad para combustibles
Sobre los nuevos parámetros, indicó que “son actualizaciones para mejorar el producto que llega al público, también para arroparnos a la nueva ley que obliga a la mezcla de 30% de etanol”. Resaltó que ahora el producto de menor calidad será mejorado en cuanto a octanaje.
Entre los cambios a realizar, el empresario destacó que la nafta será comercializada a partir de 88 octanos, seguido por 93 (medio) y 97 (alta), cuyos valores —dijo— deben ser visibles para el consumidor. “Vamos a tener más productos de mínima mejor calidad”, dijo.
También mencionó que se buscará que los carburantes cuenten con menos azufre. Explicó que los controles ya se aplicarán en la instancia de la importación, antes de la comercialización del producto.
El plazo establecido para la implementación de los cambios es de 60 días desde la vigencia del decreto.