El Tratado de Yacyretá fue firmado en Asunción el 3 de diciembre de 1973 por Raúl Sapena Pastor y Alberto Juan Vignes, ministros de Relaciones Exteriores de nuestro país y de la Argentina.
El 27 de marzo del siguiente año, 1974, en Buenos Aires, los mismos funcionarios intercambiaron los instrumentos de ratificación, paso que lo ponía en vigencia.
El numeral IX del Anexo C del Tratado, “bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad de Yacyretá”, establece que las disposiciones del documento “serán revisadas a los 40 años”, a partir de su entrada en vigor. Por lo tanto, el Anexo C debió -o al menos iniciar- en marzo de 2014.
El intento más serio data del 4 de mayo de 2017, cuando los entonces presidentes de Paraguay y Argentina, Horacio Cartes y Mauricio Macri, en la central hidroeléctrica, suscribieron el Acta de Entendimiento entre Paraguay y Argentina.
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Yacyretá: la nonata Nota Reversal N.º 2/17
El acuerdo dio a luz la Nota Reversal N.R. N.º 2/17, que en nuestra capital firmaron, en la sede la Cancillería Nacional, los ministros Eladio Loizaga y Jorge Marcelo Faurie, el 28 de setiembre de 2017.
El documento, que admitía que la entidad binacional debía al Tesoro argentino US$ 4.084.063 mil. El pago de la Compensación por la cesión del excedente paraguayo en Yacyretá con una tarifa que rondaba los US$ 12/MWh y financiaba la central del Aña Cuá, etc., no tuvo siquiera entrada en el Parlamento argentino.
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En Paraguay, la revisión del Anexo C fue aprobado por una alianza carto/abdista, sancionada y promulgado como ley N.º 6135 y, aunque sorprenda cierta dejadez, la misma sigue vigente, porque cuando hubo un par de ocasiones para derogarla, sus defensores colorados decidieron defenderla.
Hoy, 51 años después, el Gobierno de Santiago Peña explora atajos alternativos, de dudosa legalidad, en su intento por impedir la quiebra económica e institucional de la entidad binacional.