Concretamente, la Comisión Europea solicita que el Reglamento 1115 entre en vigor el 30 de diciembre de 2026 para las micro y pequeñas empresas. Para las grandes y medianas, la fecha sigue siendo el 30 de diciembre de 2025, pero para garantizar una introducción gradual de las normas, se beneficiarán de un período de gracia de seis meses para los controles y la ejecución, indica el documento de la UE.
La asesora de Comercio Exterior de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), Sonia Tomassone, señaló que una de las plataformas que dispondrá Paraguay es SISE-UE, diseñada por varios gremios de la cadena de valor de la soja, y está prácticamente finalizada.
Indicó que una de las cuestiones que preocupa tanto a los gremios paraguayos como a Europa es el volumen de información que maneja cada uno de los actores, dado que en este caso se trata exclusivamente de la soja.
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Apuntó que esta nueva flexibilidad da un poco más de tiempo, pero que el problema persistirá si la normativa entra en vigor el 1 de enero.
A pesar de las facilidades presentadas en octubre, aún queda pendiente la cuestión de la segregación física, ya que no se está aceptando el balance de masa que todos los países están proponiendo, indicó.
“En estos seis meses se buscará que las multas no sean para los importadores europeos, sino que no afecten al productor paraguayo ni al resto de los proveedores de otros países”, aclaró sobre la nueva propuesta de la Comisión Europea.
Importadores
Tomassone explicó el nuevo pedido de la Comisión otorga a los importadores europeos un periodo de seis meses para probar el sistema constituye una facilitación. Durante ese tiempo se evaluará la factibilidad de la aplicación y las implicancias del reglamento.
Añadió que, primero, esta plataforma y las autoridades competentes de cada país deben poder realizar los controles exigidos por la comunidad europea.
Remarcó que el principal desafío con la normativa ambiental europea es el volumen de información y cómo se controlará la segregación en la Unión Europea.
“¿Cómo piensan las empresas europeas, si tendrán auditorías en cada uno de los países proveedores? Eso representa un costo adicional y surge la pregunta de quién lo pagará. Hay muchos interrogantes que deben ajustarse para que esto realmente pueda ser aplicable”, cuestionó.
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Próximos pasos
El Parlamento Europeo y el Consejo debatirán ahora la propuesta de la Comisión. Tendrían que adoptar formalmente la modificación específica del Reglamento de la UE sobre deforestación antes de que pueda entrar en vigor, según la información recibida.
La Comisión pide al Parlamento Europeo y al Consejo que adopten rápidamente la propuesta de prórroga del período de aplicación a finales del año 2025.