Tras la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley de reforma del transporte público de pasajeros, que “redefine la rectoría sobre el transporte terrestre y modifica partes sustanciales del marco normativo vigente (Ley N° 1590/2000)”, el gremio de choferes volvió a manifestar su rechazo y advierte que un nuevo paro es casi un hecho.
Los trabajadores afirman que los principales reclamos que presentaron no fueron atendidos, pese a ciertas modificaciones que introdujeron en Diputados. Por esa razón, se reunirán este domingo para evaluar la medidas de fuerza.
“Este domingo vamos a tener nuestra plenaria de la Fetrat y ahí vamos a decidir llamar a un congreso de trabajadores, en el que se va a decidir qué medida vamos a tomar. Vamos a ver si se llama otra vez a una huelga o qué hacemos”, explicó ayer a ABC Gerardo Giménez, presidente de la Federación de Trabajadores del Transporte (Fetrat).
Incluso anticipó que existe un “90% de posibilidades” de convocar nuevamente a un paro. Según explicó, la cámara baja dejó de lado casi todas las recomendaciones del gremio, especialmente las relacionadas al artículo 20, que mantiene la declaración del transporte metropolitano como “servicio público imprescindible”, habilitando sanciones ante interrupciones del servicio.
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La versión del Senado exigía un funcionamiento mínimo del 70% en horario pico y del 60% en horarios normales durante huelgas. Diputados redujo el mínimo al 60% en todos los horarios. Esto fue rechazado por el sector sindical.
“El servicio de transporte no es imprescindible según la OIT y la Constitución Nacional”, afirmó Giménez. Además, criticó que el 60% “ni siquiera es mínimo”, ya que “mínimo sería menos del 50%”.
Conformidad a medias con una sola modificación
Si bien la mayoría de los cambios generaron disconformidad, el gremio celebra parcialmente lo resuelto en el artículo 39, referido a la continuidad laboral cuando un nuevo operador asume una concesión.
En Diputados se dejó en claro que el nuevo concesionario deberá incorporar a todos los trabajadores que hayan prestado servicios al menos los dos últimos años, y ya no solo a los choferes, como decía la versión inicial del Senado.
Giménez valoró que se haya ampliado la obligación a todos los trabajadores, pero cuestionó el límite de antigüedad: “¿Y qué pasa con los trabajadores que no alcanzan esos dos años? Tenemos compañeros con seis meses, con un año, un año y ocho meses. A ellos se les deja afuera”.
También celebró que se haya eliminado la evaluación previa a los trabajadores antes de su incorporación, mecanismo que, según dijo, podría abrir la puerta a despidos arbitrarios.
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Preocupación por tercerizaciones y responsabilidades laborales
Sobre el artículo 45, que enumera los componentes que podrían operar empresas distintas (provisión de flota, infraestructura, operación y servicios complementarios), los gremios temen una mayor fragmentación y falta de claridad sobre quién será el empleador responsable.
Giménez advirtió que la redacción actual deja un vacío peligroso: “Hablan de varias concesiones, prácticamente una tercerización laboral. Y no especifica quién se encarga de los trabajadores. Si el trabajador tiene problemas laborales, ¿a quién denunciamos? Se van a pasar la pelota”.
El dirigente insiste en que el artículo debe aclarar expresamente que cada empresa operadora será responsable de los trabajadores del sector que tenga a su cargo.
“La gente del Gobierno habla mucho, pero no hay una garantía real. Si no está escrito con claridad, cada empresa va a decir ‘hasta aquí nomás me responsabilizo’”, enfatizó.
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Detalles de la reunión del domingo
La reunión de este domingo se realizará en la parada de la línea 21, en el local de un miembro del gremio. Allí se tomará la decisión para convocar a un congreso de trabajadores en los próximos días, instancia en la que se definirá formalmente si habrá o no una nueva huelga.
Según Giménez, lo más probable es que la decisión sea nuevamente ir al paro: “Con esta situación, prácticamente el 90% o casi 100% creemos que vamos a ir otra vez a la huelga”.
Lo cierto es que el proyecto de ley volvió al Senado —cámara de origen— para un nuevo análisis de los cambios hechos por Diputados.