La Cámara de Senadores tratará en su sesión de mañana, miércoles, 10 diciembre, el proyecto de ley de reforma del transporte público de pasajeros, que “redefine la rectoría sobre el transporte terrestre y modifica partes sustanciales del marco normativo vigente (Ley N.° 1590/2000)”, tras los cambios introducidos por la Cámara de Diputados.
El debate se dará en un clima de tensión, luego de que los gremios de choferes anunciaran una huelga de 48 horas los días 16 y 17 de diciembre. Los trabajadores del volante exigen la intervención directa del presidente Santiago Peña y la destitución del viceministro de Transporte, Emiliano Fernández.
La medida se realizará en rechazo de tres artículos del proyecto, que —según advierten— vulneran el derecho a la huelga, ponen en riesgo su estabilidad laboral, además de generan incertidumbre sobre quién será el empleador.
Uno de los puntos cuestionados es el artículo 20, que en la versión de Diputados ratifica la declaración del transporte metropolitano como servicio público imprescindible, habilitando sanciones ante interrupciones del servicio. Los diputados modificaron la redacción del Senado, que establecía un funcionamiento mínimo del 70% en horario pico y del 60% en horarios normales durante huelgas, y redujeron el mínimo al 60% en todos los horarios.
También objetan el artículo 39. La versión de la cámara baja amplía la obligación de los nuevos concesionarios: mientras que el Senado exigía incorporar solo a los conductores con al menos dos años de antigüedad —y permitía evaluaciones de idoneidad—, el texto de Diputados obliga a incorporar a todos los trabajadores del operador saliente, pero los trabajadores están en contra de que solo se tenga en cuenta a los que tengan la antigüedad de dos años.
El tercer artículo rechazado es el 45, que define los componentes de operación del sistema (flota, infraestructura y servicios complementarios). Los sindicatos consideran que la redacción fragmenta responsabilidades y abre dudas sobre quién será el empleador directo de los trabajadores.
Qué plantea el proyecto
La reforma propone transformar el sistema de transporte en un plazo de cuatro años, mediante concesiones de entre 7 y 20 años adjudicadas por licitación pública.
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El plan abarca la flota, la infraestructura, la operación y los servicios complementarios. El Estado pasará a adquirir los buses y los pondrá a disposición de los operadores, priorizando unidades de bajas o cero emisiones, con una antigüedad máxima de 15 años.
La operación se organizará en “unidades funcionales”, reduciendo las actuales 36 líneas a unas 10 operadoras. También se prevé la integración tarifaria, que permitirá realizar varios viajes con un mismo pasaje, además de la licitación de patios, terminales, estaciones y servicios como gestión tecnológica, fiscalización e inspecciones.