Luego de una extensa y tensa reunión tripartita que se realizó ayer en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), los gremios de choferes confirmaron una huelga de 48 horas, que empieza a las 00:00 de este martes 16 y se extenderá hasta el miércoles 17 de diciembre. La medida afectaría directamente a más de 100.000 usuarios del transporte público del Área Metropolitana, según estimaciones oficiales.
La tripartita reunió a representantes del Viceministerio de Transporte (VMT), el MTESS y de la Federación Unitaria de Trabajadores del Transporte (FUTT). Sin embargo, las partes no lograron un acuerdo que permita levantar la medida de protesta.
Ante el anuncio de huelga, el VMT notificó a los sindicalistas de la Resolución N.º 115, fechada el 12 de diciembre, que establece la obligación de garantizar al menos el 60% del servicio durante la medida de fuerza, al considerar el transporte público como un servicio imprescindible. No obstante, los gremios adelantaron que no acatarán esa disposición.
La resolución cuestionada se sustenta en la Ley N.º 7445/2025 “De la Función Pública y del Servicio Civil”, cuyo artículo 47 habilita a la administración a determinar, mediante resolución fundada, otros servicios imprescindibles cuya interrupción represente un riesgo significativo para la comunidad. En este sentido, a través de la Resolución MOPC N.° 1079/2025, se declara al transporte público de pasajeros como servicio público imprescindible, por lo que, en caso de huelga, debe garantizarse el funcionamiento del servicio.
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Desde el Gobierno advierten que el incumplimiento del servicio mínimo podría derivar en la declaración de ilegalidad de la huelga por parte del Poder Judicial, con consecuencias laborales para los trabajadores involucrados. Asimismo, advirtieron multas a las empresas que incumplan.
Impacto social y sin plan de contingencia concreta
El sistema de transporte público del Área Metropolitana moviliza en promedio a unas 300.000 personas por día y registra más de 596.000 validaciones en jornadas laborales. Desde el VMT alertan que una suspensión masiva del servicio tendría “graves e incalculables impactos sociales y económicos”, afectando a trabajadores, estudiantes, y ciudadanos que dependen exclusivamente del transporte público.
El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, cuya cabeza piden los sindicatos, lamentó que no haya primado el interés público y sostuvo que la huelga “daña directamente a la gente en un mes especialmente sensible”. Afirmó que los reclamos sindicales fueron atendidos durante el proceso de elaboración de la ley de reforma del transporte, hoy en proceso de promulgación por parte del ejecutivo, y defendió la constitucionalidad de la regulación del servicio mínimo, citando la Constitución Nacional y pronunciamientos del Comité de Libertad Sindical de la OIT.
Fernández confirmó además la puesta en marcha de un plan de contingencia, aunque reconoció que no será suficiente para cubrir la demanda total y ni siquiera pudo dar los detalles del mismo en la conferencia de prensa. “Sí o sí va a haber gente que no se va a poder desplazar. Hay que humanizar los números”, manifestó.
Sindicatos denuncian inconstitucionalidad y responsabilizan al Gobierno
Desde el sector sindical, el presidente de Fetrat, Gerardo Giménez, rechazó categóricamente los argumentos del viceministro Fernández y sostuvo que la reforma vulnera la Constitución Nacional y convenios internacionales. Afirmó que el transporte público no constituye un servicio imprescindible, según antecedentes del Comité de Libertad Sindical de la OIT, y acusó al Gobierno de imponer una ley “por encima de la Constitución”.
Giménez responsabilizó directamente al viceministro de Transporte por la huelga y aseguró que los trabajadores agotaron todas las instancias de diálogo. Reiteró además el pedido de destitución de Fernández y el veto parcial de los artículos 20, 39 y 45 de la ley de reforma, que —según los gremios— ponen en riesgo la estabilidad laboral de miles de choferes.
En la misma línea, Juan Godoy, dirigente de la FUT, sostuvo que la huelga “no es una diversión” y que fue forzada por la falta de respuestas del Gobierno. Reclamó una convocatoria formal del presidente Santiago Peña y un compromiso explícito de veto a los artículos cuestionados para levantar la medida.
Acusó al viceministro Fernández de “mentir” y de tergiversar el proceso de diálogo y socialización de la reforma. “Valoro mucho en este momento el coraje del viceministro Fernández. Su cinismo para mentir, y esta vez está mintiendo el señor”, resaltó.
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Ministerio de Trabajo podría suspender la medida
Por su parte, el viceministro de Trabajo, César Segovia, señaló que la cartera laboral cumplió con su rol de mediación, pero que “lastimosamente no se pudo llegar a un acuerdo”. Indicó que solo tres sindicatos notificaron la adhesión a la huelga dentro del plazo legal de 72 horas, lo que podría generar problemas de legalidad para la medida.
Agregó que el ministerio evalúa, aunque sin definición aún, la posibilidad de suspender la medida. Esto debido a que hasta el vencimiento del plazo legal de 72 horas establecido en el Código Laboral, solo tres líneas de transporte notificaron formalmente su adhesión a la huelga: las líneas 15, 21 y 23. El resto de las empresas y sindicatos que anunciaron su participación lo hicieron fuera del tiempo previsto, situación que —según advirtió la Segovia— podría ser considerada una debilidad formal de la medida de fuerza.
El viceministro recordó, asimismo, que la normativa sobre servicios imprescindibles se viene aplicando desde hace más de dos décadas y advirtió que, de declararse ilegal la huelga, la ley prevé incluso la desvinculación de trabajadores sin indemnización.