Organizaciones gremiales de la industria farmacéutica y de la construcción alertan sobre el alto nivel de deuda estatal, que dificulta la ejecución de obras y la provisión de insumos médicos, con deudas que superan los US$ 1.300 millones entre Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPB), el Instituto de Previsión Social (IPS) y contratistas de obras públicas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Los sectores advierten que atraviesan un escenario crítico debido a la elevada deuda del Estado. La mayor parte corresponde al Ministerio de Salud, con montos que oscilan entre US$ 600 y US$ 650 millones; al Instituto de Previsión Social (IPS), con US$ 300 a US$ 320 millones; y a las constructoras, entre US$ 320 y US$ 350 millones.
El presidente de la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (Cifarma), Gerardo García, explicó que tras el inventario de fines de octubre se constató que la deuda real del Ministerio de Salud con el sector ronda los US$ 650 millones. Según García, el Ministerio se comprometió a abonar aproximadamente US$ 72 millones entre noviembre y diciembre, cifra que se encuentra prácticamente cubierta.
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“No hay previsibilidad en los pagos y eso genera una enorme incertidumbre”, señaló García. Varias empresas se vieron obligadas a recurrir a entidades financieras para cumplir con compromisos de compra y enfrentar el aumento de tasas de interés. La falta de pagos afecta directamente la participación de las empresas en licitaciones y repercute en los costos de provisión de medicamentos.
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Constructoras: deuda histórica y dificultades para continuar obras
Por su parte, Gustavo Massi, de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), señaló que la deuda del Estado con el sector de la construcción alcanza los US$ 220 millones, incluyendo certificados de noviembre y diciembre, sin contar intereses por otros US$ 100 millones. A pesar de un plan de pagos parcial, las empresas enfrentan dificultades para cumplir con proveedores y mantener la marcha de las obras.
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“El presupuesto aprobado para 2026 es insuficiente: se necesitan 800 millones para ejecutar las obras en curso, pero se asignaron US$ 570 millones”, explicó Massi. Esta situación genera riesgos para las empresas, que ya no pueden acceder al crédito financiero convencional y deben recurrir a terceros para cubrir compromisos.
Ambos sectores coinciden en la necesidad de previsibilidad y coordinación entre el Gobierno y los gremios para evitar que la morosidad afecte la continuidad de obras y la provisión de insumos esenciales.