El ingeniero Eduardo Viedma, empresario del sector energético y exmiembro del Consejo de Administración de Itaipú, manifestó su firme postura frente al proyecto de ley presentado por el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez en el marco del cierre del periodo legislativo. La propuesta, que busca reglamentar el artículo 189 de la Constitución Nacional, está generando un intenso debate sobre la naturaleza de la senaduría vitalicia y su impacto en la calidad democrática del Paraguay.
Viedma, quien actualmente lidera el Partido Hagamos, hizo un llamado a la “serenidad institucional”, enfatizando que cualquier cambio en las reglas de juego políticas debe priorizar la visión de largo plazo y no los intereses coyunturales.
Según el referente, la figura del senador vitalicio fue concebida originalmente como un reconocimiento honorífico para aprovechar la experiencia de los exmandatarios, y no como una vía para su reincorporación plena a la actividad legislativa con poder de voto.
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Una señal negativa para el mercado y la inversión
Uno de los puntos más críticos señalados por el ingeniero Viedma refiere al ámbito de los negocios. Como actor del sector energético, destacó que los inversores, tanto locales como extranjeros, basan sus decisiones en la previsibilidad y el respeto irrestricto a las normas. La percepción de que existe discrecionalidad política para asegurar espacios de influencia puede afectar severamente la imagen del país ante los mercados internacionales.
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“Los inversores valoran un marco institucional estable, con normas claras y sin interpretaciones que parezcan hechas a medida”, subrayó Viedma, insistiendo en que la seguridad jurídica es el pilar fundamental para mantener un clima de negocios saludable.
Desde la perspectiva de Viedma, habilitar a los expresidentes como senadores activos representa un riesgo elevado de desvirtuar el espíritu original de la Carta Magna. El empresario advirtió que esta iniciativa podría interpretarse como una creación de privilegios políticos difíciles de justificar ante una ciudadanía que ya mantiene una confianza frágil en sus instituciones.
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Para el líder de Hagamos, adaptar las normas constitucionales a las necesidades del momento solo profundiza la percepción de que las reglas son flexibles según el actor de turno.
En cuanto al impacto social, Viedma lamentó que el debate público se desvíe hacia beneficios institucionales para exautoridades en lugar de concentrarse en las urgencias reales de la población. Sostuvo que el desencanto ciudadano aumenta cuando la agenda legislativa prioriza estructuras de poder sobre soluciones concretas en áreas críticas como el empleo, la seguridad, la educación y la salud pública.
Finalmente, el presidente de Hagamos concluyó que este debate debe llevarse a cabo con total transparencia y participación ciudadana. Para Viedma, el fortalecimiento de la credibilidad del sistema democrático paraguayo depende de evitar reformas que amplíen la brecha entre la clase política y la sociedad, instando a un apego estricto al texto constitucional para evitar generar “más dudas que certezas”.