Según el arquitecto Fernando Maidana, quien es urbanista y experto en transporte público, la promulgación de la ley de reforma del transporte público no traerá mejoras inmediatas para el usuario, ya que solo plantearía cuestiones administrativas.
Asimismo, apuntó que hasta ahora no hay avances significativos más allá del planteado cambio administrativo de los procesos de licitación y en la creación de un fideicomiso para centralizar el dinero en una sola cuenta bancaria.
“De acá a uno, dos años, no veo todavía qué cambios podría ocurrir con esa ley. El Viceministerio de Transporte está obligado a una reestructuración que no sabemos cuánto tiempo va a durar. Yo con esta ley no veo cambios inmediatos”, agregó.
Incluso alegó que cuando una persona lee el proyecto de ley puede comprobar es que “hay mucho marketing en cómo vende el Gobierno este proyecto”, salvo algo positivo como las líneas de servicio nocturno “Búho”.
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Reforma del transporte público
En diciembre pasado, el Senado aceptó los cambios de Diputados y remitió al Ejecutivo, que este 7 de enero promulgó la Ley n° 7.617 “que establece la rectoría sobre el transporte terrestre y modifica y amplía disposiciones de la ley N° 1590/2000″. Este proyecto, denominado “reforma del transporte público", ocasionó muchos problemas con el sector de choferes.
En su artículo 20, la nueva ley declara el transporte metropolitano como “servicio público imprescindible”, habilitando sanciones ante interrupciones del servicio. El porcentaje mínimo de buses que deben operar durante una huelga fue fijado en el 60% en todos los horarios, pese a que originalmente el Senado exigía un 70% en horario pico y del 60% en horarios normales.
El gremio de choferes cuestiona que la declaración de servicio imprescindible limita, en la práctica, la posibilidad de realizar paros sin consecuencias legales.
En su artículo 39, finalmente el texto exige a los nuevos concesionarios incorporar únicamente a todos los trabajadores con al menos dos años de antigüedad, permitiendo evaluaciones de idoneidad para excluir a quienes no cumplieran criterio.
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