El operativo, encabezado por la Unidad Especializada de Delitos Ambientales a cargo de la fiscal Liza Martínez y el Departamento de Bosques y Asuntos Ambientales (DEBOA), tuvo lugar en un depósito ubicado en el barrio Aratirí, sobre la calle Gral. Eugenio Garay.
Según el acta policial N° 158/2026 y el informe técnico N° 23/2026, el recinto operaba bajo la fachada del depósito “DOMEC”, pero carecía de toda licencia ambiental del MADES. así como patente municipal.
Según el documento, en el sitio, los intervinientes constataron que transformadores de la marca Trafosur y otras marcas presentaban fallas estructurales y signos de haber sido manipulados mecánica y manualmente. El informe técnico destaca el “derrame de productos oleosos” sobre el suelo, hecho que implica un riesgo inminente de contaminación por PCB (bifenilos policlorados), un compuesto altamente cancerígeno y persistente en el medio ambiente.
Este desastre ambiental sería parte una cadena de irregularidades que se inició el 23 de diciembre de 2025, cuando la ANDE realizó una subasta pública de 1.586 transformadores obsoletos que duró apenas 2 minutos y 12 segundos.
Juan Sebastián Silguero, denunciante y representante de Asunción Soluciones Ambientales SA, señaló que el proceso fue “una cocinada”, diseñada para beneficiar a un grupo reducido.
De las 14 empresas interesadas, 11 fueron descalificadas apenas 20 horas antes del remate, dejando el camino libre a Di Trento Inversiones S.A. y Oils Trader Paraguay S.A., firmas que, según denuncias ante la Contraloría, estarían vinculadas a una misma representante legal: Gabrielli Pergher Brunetta.
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“Se apuraron para retirar los equipos por miedo a una acción judicial y los llevaron a un depósito sin licencia ambiental. Allí ya los estaban desarmando, contaminando el suelo sin ningún cuidado”, afirmó Silguero tras el allanamiento.
Por su parte, la defensa técnica de las firmas Di Trento Inversiones S.A. y Oils Trader Paraguay S.A., ejercida por el abogado Juan Ángel Pérez Pane, presentó un descargo formal ante el Ministerio Público. En la misma rechaza las acusaciones de ilegalidad, argumentando que el retiro físico de los transformadores recién se inició el 27 de enero de 2026 y que el tiempo transcurrido fue utilizado para la elaboración de protocolos técnicos y no para maniobras de ocultamiento.
Sostienen que el 11 de febrero ya habían formalizado ante el MADES el expediente N° 1079/2026 para la gestión ambiental de los materiales, alegando que se encontraban en pleno proceso de adecuación normativa al momento de la intervención y que es jurídicamente inviable exigir el cumplimiento de licencias ambientales antes de que la ANDE hiciera la entrega efectiva de los bienes.
La celeridad de la ANDE por “liberar espacio”, defendida en su momento por el director César Zena, terminó facilitando el procesamiento ilícito de desechos peligrosos.
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La fiscalía caratuló la investigación como Causa N° 26/2026 “Persona innominada sobre procesamiento ilícito de desechos y otro”, mientras que la Contraloría General de la República tiene en su poder el pedido de nulidad absoluta de la subasta.