El Poder Ejecutivo decidió dar un paso atrás en la implementación de los controvertidos decretos 5306/26 y 5307/26. La decisión fue comunicada oficialmente durante la tarde de ayer, 26 de marzo, en una reunión convocada por el ministro de Industria y Comercio, Marcos Riquelme, de la cual participaron el presidente de la ANDE, Félix Sosa, y la cúpula directiva del Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande).
Bajo la consigna de “¡Misión Cumplida!”, Sitrande anunció a sus afiliados la derogación de ambas normativas. El secretario general del gremio, Adolfo Villalba, confirmó que el gobierno finalmente cedió ante los reclamos técnicos y sociales.
“Se van a derogar los decretos y se van a hacer nuevos decretos con la ANDE, como corresponde. Es lo que estábamos buscando: que se corrijan y se ajusten a lo que establece nuestra Ley 966”, afirmó Villalba tras el encuentro.
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Por su parte, el Ing. Félix Sosa, titular de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), mantuvo una postura más cautelosa en sus declaraciones, limitándose a señalar que se encuentran “trabajando con el MIC a los efectos de realizar algunas modificaciones”.
Al consultársele cuáles serían esas modificaciones, solo contestó que están “trabajando en eso”.
Estos decretos generaron controversia desde su promulgación en enero de este año, ya que diversos sectores de la sociedad civil y especialistas independientes advirtieron sobre las graves consecuencias económicas para el país.
- Subsidios insostenibles: Los decretos establecían tarifas preferenciales por un plazo de 15 años para empresas de sectores denominados “convergentes” y proyectos de “Energía a X” (hidrógeno y metanol).
- Pérdidas multimillonarias: Informes presentados ante la Contraloría General de la República por las campañas “Itaipú Causa Nacional” e “Itaipú es también Soberanía” estimaban una pérdida potencial de 80.000 millones de dólares (1.5 veces el PIB actual) entre 2027 y 2041.
- Riesgo de apagón: Se alertaba que este nivel de consumo subsidiado aceleraría el “apagón hidroeléctrico”, obligando al Paraguay a importar energía a precios de mercado antes del año 2030.
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El peso de la unidad sindical
Para Sitrande, este desenlace representa una victoria política estratégica. El sindicato había manifestado su firme oposición al considerar que estas medidas violaban la Carta Orgánica de la ANDE y representaban un “saqueo” del patrimonio energético nacional para beneficiar a sectores que generan escaso empleo en comparación con la industria convencional.
“Cuando Sitrande se planta, se respeta. No permitiremos que ningún proceso futuro se aparte de la ley”, reza el comunicado emitido por el gremio, subrayando que la vigilancia sobre los nuevos borradores de decretos será permanente.
¿Cuál es el siguiente paso?
Se espera que en los próximos días el Poder Ejecutivo formalice la derogación mediante un nuevo documento jurídico. La mesa técnica, integrada ahora con mayor participación de la ANDE, deberá redactar las nuevas normativas que busquen el desarrollo industrial sin comprometer la salud financiera de la estatal eléctrica ni la soberanía energética del país.