La crisis financiera que atraviesa el sector de la construcción, debido a las millonarias deudas del Estado, ya tiene duras consecuencias. Es que al menos seis empresas recurrieron a la convocatoria de acreedores ante la falta de liquidez, según confirmó la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco).
“Hay empresas que lamentablemente han tenido que recurrir a la figura legal denominada convocatoria de acreedores. Son seis empresas ya que nosotros tenemos contabilizadas”, señaló el ingeniero Gustavo Masi Díaz Benza, miembro del Consejo Directivo del gremio.
Afirmó que la situación es “muy triste”, ya que detrás de cada firma hay años de trabajo y numerosos empleos afectados. De hecho, solo una de las empresas tuvo que cesar a 284 trabajadores la semana pasada.
El origen del problema está en la deuda acumulada del Estado, que el sector estima en unos US$ 200 millones en certificados impagos y otros US$ 110 millones en intereses, según el gremio. Esta situación ya impacta directamente en la ejecución de obras.
“Hoy los cronogramas de ejecución están sufriendo retrasos significativos a causa de esta situación”, explicó Masi, al señalar que las empresas perdieron capacidad crediticia y enfrentan restricciones con proveedores, lo que impide sostener el ritmo habitual de trabajo.
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Presentan reglamentación del factoraje y piden que el gobierno negocie los intereses con los bancos
En este momento, el gremio junto con la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) trabaja con el Gobierno en un mecanismo de cesión de derecho de cobro, conocida como factoring, que permitirá a las empresas acceder a liquidez mediante entidades financieras.
Para lo cual, la Capaco y Cavialpa ya remitieron al Ministerio de Economía la reglamentación del factoraje que analizaron junto a dos estudios jurídicos y las entidades financieras. El gremio trabajó durante diez días en el borrador para asegurar que sirva como herramienta efectiva frente a la falta de pagos del Estado.
Masi aclaró que el mecanismo en análisis no se basa en la ley de factoraje, Ley N° 6542/2023, como inicialmente se había planteado, sino en una disposición del Presupuesto General de la Nación 2026 (PGN).
“Esto no se basa en la ley de factoring”, precisó Masi, al explicar que la cesión de derecho de cobro fue incluida en un artículo específico de la Ley N° 6609/2025 del PGN y reglamentada posteriormente por decreto, definiendo así el marco legal bajo el cual se implementará esta herramienta financiera.
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A través de este esquema, se prevé cubrir alrededor de US$ 150 millones de la deuda en certificados. Sin embargo, quedará un remanente importante fuera de este mecanismo.
“El hecho de que hoy estemos hablando de cesión de derecho de cobro es solamente sobre los certificados pendientes”, aclaró Masi.
El planteamiento del sector es que este instrumento funcione bajo condiciones claras y que el Estado asuma tanto los intereses como la garantía del crédito, teniendo en cuenta que los pagos se realizarán en un plazo de hasta tres ejercicios fiscales.
“Que el Estado se haga cargo de lo que corresponde a los intereses y de la garantía del crédito”, sostuvo. Además, propuso que sea el propio Estado el que negocie con los bancos la tasa de interés, para evitar condiciones desiguales entre empresas.
“Las instituciones financieras pretenden tasas de dos dígitos, el Gobierno pretende una tasa de un dígito (…) lo ideal sería que el Estado sea el que negocie”, explicó.
Pago de intereses a través de una ley y retraso de pagos de obras financiadas por multilaterales
Masi resaltó además que el gremio también impulsa una ley específica para garantizar el pago de los intereses acumulados, que ascienden a unos US$ 110 millones, iniciativa que ya fue presentada en el Congreso.
En paralelo, adviertió sobre otro problema estructural, que es la falta de desembolsos en obras financiadas por organismos multilaterales, pese a que los recursos ya están disponibles.
“El 70% de los contratos del Ministerio de Obras Públicas son con financiamiento externo (…) esos recursos ya están disponibles y el país está pagando intereses por ellos”, indicó Masi. Sin embargo, explicó que las restricciones fiscales impiden que esos fondos se ejecuten en tiempo y forma.
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“No tiene sentido que sigamos pagando intereses si la plata está depositada en el Banco Central”, cuestionó.
Mientras tanto, el impacto en el sector es generalizado, con obras ralentizadas, otras paralizadas y una ejecución muy por debajo de lo habitual. “Nadie está ejecutando al ritmo esperado a causa de estos problemas”, resumió.
Desde Capaco insisten en que la prioridad debe ser el cumplimiento de los contratos vigentes. “Lo que nosotros pedimos es que se respeten los contratos”, afirmó Masi, quien defendió además el rol de la infraestructura como motor del desarrollo.
“Entendemos que la mejor forma de desarrollo social que puede tener un país es por medio de la infraestructura pública”, concluyó.