La crisis financiera en el sector de la construcción se agrava por la falta de pagos del Estado, que acumula unos US$ 200 millones en certificados impagos y cerca de US$ 110 millones en intereses por atrasos en los desembolsos. Como consecuencia, al menos seis empresas ya recurrieron a la convocatoria de acreedores y actualmente suman 17 las obras públicas paralizadas.
El deterioro del flujo financiero en el sector ya tiene efectos concretos en obras importantes de salud y educación y obras viales, según datos de gremios como la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) y la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa). Las empresas afectadas advierten que la situación es insostenible sin un mecanismo urgente de pago.
Entre las obras paralizadas figuran proyectos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y del Instituto de Previsión Social (IPS), incluyendo mantenimiento de hospitales, construcción de colegios técnicos y varios tramos viales.
Las obras paradas, según las empresas del sector
Entre las obras paralizadas, según las empresas del sector, se encuentran varios proyectos en el área de salud, educación e infraestructura vial. En el área de salud, los trabajos de mantenimiento y reparación edilicia de hospitales en Central y Capital, a cargo del MSPBS, están detenidos; las contratistas afectadas son A&C Warehouse S.A. y Diego Rafael Beconi Ochipinti.
Además, el mantenimiento de otras dependencias del MSPBS también se encuentra paralizado, con Corporación Lemuria S.A. y Diego Rafael Beconi Ochipinti como empresas ejecutoras.
En educación, la construcción y reparación de infraestructura en 43 colegios técnicos del MEC quedó suspendida. Las empresas afectadas son Ascent S.A., Consorcio MEC, Diego Rafael Beconi Ochipinti y Las Cumbres S.A..
En el ámbito vial, se detuvieron los trabajos en múltiples tramos estratégicos gestionados por el MOPC. Entre ellos, el tramo San Juan – Ybyraty, ejecutado por Construpar, Tecsul y Caldetec; San Lorenzo – Plan Central 2, a cargo del Consorcio Ybera; y los tres lotes de San Juan Misiones, con MM, Construpar y Tecsul como contratistas. También quedaron paralizados los lotes de Graneros del Sur, a cargo de Concret Mix y EDB, y el tramo Villeta km 40 – Alberdi, ejecutado por ICSA, DC, TR y Vialtec.
Otros proyectos afectados incluyen la construcción del geriátrico “Amadeo Buongermini” del IPS, a cargo del Consorcio ALCH, y la Ruta PY 12, Lote 4, parcialmente paralizada, ejecutada por Consorcio Chaco Sur.
Finalmente, los lotes de los planes Central 3 del MOPC, que abarcan localidades como Itá, Lambaré, Itauguá, Ypacaraí, Luque y Nueva Asunción, también se encuentran detenidos. Las empresas afectadas son Covipa, Chávez Construcciones, Miguel Ángel Chávez Hausman, Constructora Feldmann S.A., Consorcio Centro Sur, Iniciativas Constructivas S.A. y LT S.A.
Factoring sigue sin avanzar y pago de intereses a través de una ley
Ante este escenario, Capaco y Cavialpa trabajan con el Gobierno en un mecanismo de cesión de derechos de cobro, conocido como factoring, que permitiría a las empresas obtener liquidez a través de entidades financieras. Los gremios ya remitieron al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la propuesta de reglamentación, elaborada en conjunto con estudios jurídicos y el sistema financiero.
El esquema en análisis no se basará en la Ley N.° 6542/2023 de factoraje, como se planteó inicialmente, sino en una disposición incluida en el Presupuesto General de la Nación 2026, buscando una aplicación más ágil frente a la urgencia del sector.
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En paralelo, se impulsa en el Congreso un proyecto de ley para garantizar el pago de los intereses acumulados, que ya ascienden a unos US$ 110 millones.
Los gremios también alertan sobre otro problema que está afectando al sector y que consiste en la falta de desembolsos en obras financiadas por organismos multilaterales, pese a que los recursos ya están disponibles, lo que agrava aún más la crisis del sector.
Sin una solución inmediata, advierten que podrían sumarse más empresas en dificultades y aumentar la cantidad de obras detenidas, con impacto directo en el empleo y la ejecución de infraestructura pública.