La decisión del presidente Santiago Peña de aumentar un 5% el Salario Mínimo Legal en Paraguay establece un ajuste de G. 144.952, superior al monto que hubiera correspondido únicamente con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Con ello, el salario mínimo mensual superará los G. 3 millones desde julio, según adelantó el Poder Ejecutivo.
Reajuste con impacto real en la inflación
El economista Sergio Sapena conversó con ABC con respecto al reajuste del salario mínimo y afirmó que el mismo tendrá un impacto real en la inflación, en los sectores de consumo, en lo que se refiere al gasto familiar y sus deudas para mantener el nivel de vida.
“Para poder mejorar el ingreso de las personas, lo que el Estado debería priorizar es su política de inversión pública en las áreas de educación, salud, transporte e infraestructura”, resaltó.
En esa línea, dijo que el Estado además de trabajar en la inversión pública, lo que debe priorizar es lograr bajar la tasa de interés para así bajar el costo del endeudamiento nacional y a la vez aumentar el déficit fiscal para que haya un mayor circulante de dinero y así lograr que se frene la caída del dólar.
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Sube el salario y aumenta la informalidad
Otro de los puntos que cuestionó el economista es que al incrementar el salario mínimo, también aumenta la informalidad en el país.
“Siempre que el gobierno no mejore los servicios públicos de salud, entonces el empleado y el empresario preferirán evadir el pago del Instituto de Previsión Social (IPS) y la inscripciones en el Ministerio de Trabajo”, acotó.
Por otra parte, dijo que todos los sectores empresariales se verán afectados por la suba del salario mínimo anunciada por el gobierno de Santiago Peña.
“Las más afectadas serán las empresas intensivas en mano de obra, las empresas exportadoras, las empresas maquiladoras, y va de contramano con la política de atracción de inversiones del Gobierno”, afirmó.
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Sin inversión no hay margen para mayores costos laborales
Reiteró que mientras el Estado no aumente la inversión pública con el fin de mejorar “la bajísima calidad de los servicios públicos, no se puede obligar a las empresas a aumentar sus costos laborales”.
Dijo que en el contexto económico actual donde el Gobierno aumentó las restricciones debido al tope del 1,5% del déficit fiscal que impide aumentar la inversión pública, subir el salario mínimo no aumentará el poder adquisitivo de la gente.
“Esto tendrá un efecto contrario. El poder adquisitivo empeorará, habrá mayor inflación y mayor informalidad con menor cobertura social”, puntualizó.