Dentro de los contratos para aprobación legislativa aparecen dos operaciones. La primera corresponde a una Línea de Crédito Contingente no comprometida de liquidez con la CAF, por US$ 300 millones, a ser ejecutada por el Ministerio de Economía y Finanzas, actualmente en tratamiento en el Senado. La segunda es el programa BID CLIMA: Programa de Saneamiento de la Cuenca del Lago Ypacaraí, por US$ 154 millones, con el MOPC como ejecutor y también en tratamiento en la Cámara Alta. Este bloque totaliza US$ 454 millones y combina una herramienta de liquidez con una intervención ambiental y sanitaria de alta visibilidad pública.
En los préstamos en gestión, el peso principal recae en proyectos con contratos ya suscritos. Este grupo suma US$ 643,6 millones, equivalente a más de la mitad del total en gestión. Allí se incluyen el Mejoramiento de la Conectividad Rural (US$ 75 millones); el Mejoramiento del Corredor de Integración y Desarrollo Socioeconómico de la Región Suroeste financiado por JICA (US$ 228,6 millones); la Expansión del Sistema de Transmisión de Alta Tensión y Fortalecimiento Institucional – Fase III con financiamiento del BID y del BEI (US$ 140 millones en conjunto); y la Ruta Bioceánica (US$ 200 millones). La presencia de contratos suscritos sugiere una etapa más avanzada de maduración financiera y administrativa.
El segundo bloque corresponde a operaciones con decreto que autoriza el inicio de gestiones, por US$ 534 millones, conjunto que incluye el Saneamiento para cuatro ciudades intermedias de la Región Oriental (US$ 100 millones); el Apoyo a la inserción internacional, promoción y facilitación comercial (US$ 19 millones); Innovación empresarial II (US$ 10 millones); la Rehabilitación y modernización de la Central Hidroeléctrica Acaray (US$ 25 millones); Logística multimodal en Itapúa (US$ 280 millones); y Desarrollo sostenible del sector agroforestal (US$ 100 millones).
La composición por acreedor muestra una fuerte presencia de organismos multilaterales y agencias de cooperación. El BID participa en varios proyectos por US$ 399 millones dentro de los préstamos en gestión, mientras el Banco Mundial aparece con US$ 380 millones, JICA, con US$ 228,6 millones; CAF, con US$ 100 millones, y BEI, con US$ 70 millones. Esta diversificación de fuentes reduce la dependencia de un solo financiador, aunque mantiene la exposición del programa de inversión pública a condiciones externas, plazos de aprobación, capacidad de ejecución y sostenibilidad fiscal.
Por tanto, el desafío económico no se limita a conseguir financiamiento. La clave estará en transformar estos préstamos en obras, servicios e infraestructura efectiva. En un contexto de necesidades persistentes en conectividad, saneamiento, energía y competitividad, el impacto dependerá de la velocidad de ejecución, la calidad del gasto y la capacidad de los proyectos para generar retornos sociales y productivos. El listado del MEF muestra una cartera amplia; el resultado económico dependerá de que esos recursos pasen de la gestión administrativa a la inversión concreta.
* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones