La Ley N° 7633/2026 “De la reforma de la Caja Fiscal” aprobada en marzo del 2026 por el presidente Santiago Peña, introdujo cambios en el régimen de jubilaciones y pensiones del sector público con el objetivo de mejorar la sostenibilidad financiera del sistema.
Sin embargo, el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del sector público continúa ampliándose pese a las reformas impulsadas este año por el Gobierno. Al cierre de junio, el saldo rojo acumulado alcanzó G. 1,31 billones (US$ 216 millones), como consecuencia de que los ingresos por aportes continúan siendo insuficientes para cubrir el pago de jubilaciones.
Solo en junio, la Caja Fiscal registró ingresos por G. 321.412 millones, mientras que los egresos ascendieron a G. 529.185 millones, lo que dejó un déficit mensual de G. 207.773 millones, equivalente a unos US$ 34 millones.
La diferencia entre ingresos y egresos representa aproximadamente un 42%, una brecha que evidencia que el sistema continúa dependiendo de recursos provenientes del Tesoro Nacional para cumplir con el pago de las jubilaciones.
Actualmente, el Tesoro destina entre G. 2,5 y G. 3 billones al año para cubrir ese faltante. La Caja Fiscal administra, al cierre del mes de mayo de 2026, un total de 85.000 personas, entre jubilados, herederos y/o pensionados, de acuerdo a los datos proveídos por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del MEF.
Como antecedente, durante 2025 el déficit de la Caja Fiscal ascendió a US$ 380 millones, equivalente a cerca del 0,8% del Producto Interno Bruto (PIB) únicamente por este sistema previsional. Ese porcentaje representa aproximadamente la mitad del límite de déficit fiscal permitido por la Ley de Responsabilidad Fiscal, fijado en 1,5% del PIB.
Sapena cuestiona el enfoque sobre el déficit
Para el economista y analista Sergio Sapena, el debate sobre el déficit de la Caja Fiscal parte de un diagnóstico equivocado. En entrevista con ABC, sostuvo que el creciente desequilibrio no debería analizarse como un problema fiscal que necesariamente requiera ser contenido, sino como una consecuencia natural del crecimiento del gasto público en una economía en expansión.
Según explicó, Paraguay mantiene actualmente márgenes suficientes tanto en materia de déficit fiscal como de endeudamiento público para financiar una mayor inversión estatal. “El déficit de la Caja Fiscal no debería ser el foco de preocupación porque sigue siendo muy reducido respecto al tamaño del gasto público”, sostuvo.
Propone ampliar el margen del déficit fiscal
Sapena planteó incluso revisar las actuales reglas fiscales. A su criterio, el límite de déficit fiscal debería ampliarse progresivamente desde el actual 1,5% del PIB hasta 4% en una primera etapa e incluso alcanzar 6% en los próximos años para acompañar el crecimiento económico mediante mayores inversiones públicas.
El economista considera que restringir el gasto limita la capacidad del Estado para responder a la creciente demanda de servicios públicos, infraestructura y políticas sociales derivadas de una economía en expansión.
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“El sistema sigue siendo sostenible”
Respecto a la sostenibilidad de la Caja Fiscal, Sapena considera que el régimen previsional de reparto puede mantenerse en el tiempo porque forma parte del Presupuesto General de la Nación (PGN).
El economista afirmó que el déficit de la Caja Fiscal, del orden de US$ 200 millones, representa alrededor del 1% del gasto público, proporción que calificó como reducida. Incluso sostuvo que, si ese déficit llegara a duplicarse, su impacto seguiría siendo limitado sobre las cuentas públicas.
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Contraste con la visión oficial
Las declaraciones de Sapena contrastan con la posición que ha sostenido reiteradamente el Ministerio de Economía y Finanzas.
El Gobierno considera que el déficit de la Caja Fiscal constituye una presión creciente sobre las finanzas públicas debido a que cada año requiere mayores transferencias del Tesoro Nacional para cubrir el pago de las jubilaciones de sectores cuyos aportes resultan insuficientes.
En ese contexto, el MEF impulsó la reforma de la Caja Fiscal con el objetivo de reducir gradualmente el desequilibrio actuarial y desacelerar el crecimiento de las transferencias del Tesoro. La cartera económica ha señalado que los efectos financieros de los cambios aprobados se observarán principalmente en el mediano y largo plazo.
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Rechaza que el déficit genere inflación
Sapena profundizó su postura y cuestionó la visión económica que vincula el aumento del déficit con mayores presiones inflacionarias.
Según sostuvo, la inflación no responde al incremento del gasto público, sino principalmente al comportamiento de mercados con escasa competencia. Desde esa perspectiva, defendió un enfoque cercano a la teoría keynesiana, que propone incrementar la inversión pública cuando el Estado dispone de margen fiscal para hacerlo.
En ese contexto, respaldó la posibilidad de aumentar tanto el déficit fiscal como el endeudamiento público, argumentando que ambos indicadores siguen siendo bajos en comparación con la capacidad financiera del país.