El expediente en el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) fue iniciado el 4 de marzo de 2026 por Juan Sebastián Silguero Chamorro, representante de Asunción Soluciones Ambientales SA y denunciante recurrente del proceso de subasta de transformadores en desuso de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). El reclamo apunta al almacenamiento y manipulación de transformadores eléctricos en desuso —posibles residuos peligrosos— sin licencia ambiental.
El sitio señalado es un depósito tinglado ubicado sobre la calle Gral. Eugenio Garay, a 200 metros de la ruta PY02, en Capiatá, identificado en Google Maps como “Domec Capiatá”. Según el documento del Mades, una consulta a la base de datos pública confirmó que el depósito no cuenta con Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable para almacenar y manipular ese tipo de material, y que tampoco posee patente municipal vigente en Capiatá.
El reporte oficial recuerda que los transformadores pueden contener aceite dieléctrico contaminado con PCB (bifenilos policlorados), un compuesto considerado altamente tóxico, por lo que su manejo requiere autorizaciones previas que, según la denuncia, no existían. La representante legal de Di Trento Inversiones S.A. figura como Gabrielli Pergher Brunetta.
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Lo que halló la fiscalización
El Acta de Fiscalización N.° 14116, labrada el 11 de marzo entre las 13:40 y las 14:35, estuvo a cargo de la fiscalizadora Nilsa Inocencia Chávez Quiñonez y el fiscalizador adjunto Víctor Antonio González Duarte. El acta cita como ley presuntamente infringida la N.° 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental.
Según el documento, el personal fue recibido por un encargado del lugar que autorizó el ingreso y recorrido de las instalaciones. Los fiscalizadores observaron carteles de señalización, extintores y conos de seguridad, y no constataron manipulación ni extracción de aceite dieléctrico en el momento de la verificación, aunque sí se realizaban tareas de limpieza del sitio.
La empresa presentó ante los fiscalizadores el seguimiento de un trámite identificado como expediente SIAM N.° 10791/2026, correspondiente a un “Proyecto Depósito Gestión de Materiales Eléctricos Enajenados”, que —según el acta— se encontraba en la Dirección de Geomática del Mades desde el 5 de marzo.
La observación final del acta concluye que, si bien la denuncia N.° 614/2026 señalaba falta de licencia, se corroboró que la empresa contaba con gestiones administrativas en trámite ante la institución. Es decir, al momento de la autorización para la subasta y posterior adjudicación, la empresa no contaba con dicho requerimiento.
El expediente quedó formalmente finiquitado el 8 de abril de 2026.
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El otro expediente: la causa penal por allanamiento
El propio documento del Mades revela que existe un proceso paralelo en la Fiscalía. Se trata de la Causa N.° 26/2026, caratulada “Persona innominada s/ procesamiento ilícito de desechos”, radicada en la Unidad Especializada de Delitos Ambientales a cargo de la abogada Liza Martínez. Según el reporte del Mades, esa unidad ya había ejecutado una orden de allanamiento el 23 de febrero de 2026, en la que constató el almacenamiento y la manipulación de los transformadores “sin autorización correspondiente”.
Ese allanamiento fiscal de febrero es distinto del acta administrativa del Mades del 11 de marzo reflejada en el expediente 614/2026. Mientras la Fiscalía habría hallado manipulación irregular semanas antes, la fiscalización ambiental posterior no observó esa manipulación al momento de su visita y dio por saldado el reclamo administrativo.
Consultado por ABC tras un allanamiento posterior en el mismo depósito, Silguero había señalado que las empresas “se apuraron para retirar los equipos por miedo a una acción judicial” y que en el lugar “ya los estaban desarmando, contaminando el suelo sin ningún cuidado”.
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Según el exdirector de la Asesoría Jurídica del MADES, Juan Rivarola, el proceso de evaluación de impacto ambiental tiene un carácter preventivo, por tanto no corresponde el funcionamiento de una actividad previo a la declaración de impacto ambiental (licencia ambiental).
Ponen en duda honestidad del fiscalizador
Consultado por este medio sobre el cierre del expediente 614/2026, Silguero cuestionó duramente la actuación del Mades. “Simplemente dijeron que hicieron la fiscalización, que efectivamente la empresa no tenía licencia, pero que estaba en proceso de adecuarse. Y eso no es así: primero tenés que tener la licencia y después abrís tu depósito”, afirmó.
El denunciante fue más allá y cuestionó la imparcialidad de la inspección, poniendo en duda la honestidad de la persona encargada de la fiscalización, aunque no aportó pruebas concretas de esa acusación.
“La propia ley de licencia ambiental dice que antes de iniciar cualquier proyecto tenés que tener la licencia, no durante ni mucho menos después”, agregó.
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Antecedentes de la subasta relámpago
El caso se remonta a la subasta pública de 1.586 transformadores en desuso que la ANDE realizó el 23 de diciembre de 2025, bajo la Resolución P/N.° 51043/2025. El proceso, cuestionado por Silguero y otros oferentes descalificados, duró apenas dos minutos y 16 segundos y terminó adjudicando los lotes a un grupo reducido de empresas —entre ellas Di Trento Inversiones SA— que, según una denuncia presentada ante la Contraloría General de la República, estarían vinculadas a la misma representante legal.
Semanas después, un operativo de la Unidad Especializada de Delitos Ambientales y el Departamento de Bosques y Asuntos Ambientales (Deboa) en el mismo depósito de Aratirí había reportado un derrame de “productos oleosos” en el suelo, según un acta policial y un informe técnico difundidos en marzo.
La defensa de las firmas involucradas, a cargo del abogado Juan Ángel Pérez Pane, rechazó entonces las acusaciones de ilegalidad y sostuvo que el retiro físico de los transformadores recién comenzó el 27 de enero de 2026, y que ya habían iniciado gestiones ante el Mades mediante el expediente N.° 1079/2026.
Con el expediente 614/2026 finiquitado en sede administrativa, el foco del caso queda ahora en la Fiscalía, donde continúa abierta la Causa N.° 26/2026 por presunto procesamiento ilícito de desechos, y en la Contraloría General de la República, que aún tiene pendiente el pedido de nulidad absoluta de la subasta de diciembre presentado por Silguero.