El Instituto de Profesionales Paraguayos del Sector Eléctrico (IPPSE) ubica a las centrales nucleares junto con las termoeléctricas entre las fuentes de “energía firme y segura” que el país requerirá para el mediano y largo plazo ante la creciente demanda de energía. Pide que sean “consideradas cuidadosamente” en la planificación.
Entre sus ventajas, el Informe Técnico 2/26 del IPPSE destaca una producción constante y estable, sin depender del clima, con un factor de capacidad de 90 a 95%, y sin emisiones directas de gases de efecto invernadero. Como desventaja, generan residuos radiactivos de larga duración y de difícil gestión, que obliga a estrictos protocolos de seguridad.
Las centrales nucleares convencionales, del orden de 1.000 MW, “ya no se construyen”, dice el documento: son de elevado costo, gigantescas y requieren varios años de obras civiles. La tendencia es otra tecnología: los Pequeños Reactores Modulares (SMR), con capacidad de hasta 300 MW eléctricos por unidad.
Son más compactos, de seguridad avanzada y menor costo inicial. Permitirían ampliar la potencia de manera gradual, sumando módulos según la necesidad.
Un subconjunto son los microreactores, de hasta 20 MW (con referencias futuras de 50 MW). Se ensamblan totalmente en fábrica, se transportan en camiones o contenedores y son aptos para zonas remotas, dice el documento.
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Una tecnología que todavía no madura
El IPPSE advierte que la tecnología de los SMR “aún no está consolidada”, aunque está encaminada a ser una realidad próxima. Su ventaja económica depende de la producción en serie, y eso todavía no se está logrando, según la experiencia de varios fabricantes.
Un ritmo lento de fabricación, dice el documento, no generará ahorros significativos y provocará demoras en la cadena de suministro. Habrá que “entrar en una lista de espera”.
El informe habla de una “brecha entre publicidad y realidad”. La industria nuclear, varios gobiernos y fuentes privadas multiplican sus inversiones, pero las estimaciones de costos siguen sin ser competitivas. Se espera que las dificultades se superen en la década de 2030.
A nivel mundial hay más de un centenar de diseños en desarrollo. En funcionamiento comercial hay solo cuatro SMR: dos en Rusia y dos en China. Con proyectos en construcción avanzada, pruebas o permisos están Rusia, China, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Japón, Corea del Sur y Argentina, entre otros.
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Los pasos que dio Paraguay
El informe señala que el Paraguay estudia incorporar la energía nuclear para diversificar su matriz. La Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN) coordina los estudios técnicos, que analizan aspectos de seguridad, regulación e infraestructura. Trabaja con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en el licenciamiento.
El 13 de abril de 2026, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) firmó con el OIEA un convenio de cooperación técnica para evaluar la integración de los SMR a largo plazo, intercambiar conocimientos y capacitar a sus técnicos.
El 4 de agosto de 2026, el Gobierno formalizó con Estados Unidos un memorando de entendimiento de cooperación nuclear pacífica, asistencia técnica y capacitación. Se denomina Acuerdo 123 y es un requisito para acceder a determinadas tecnologías y equipos nucleares.
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Cuánto costaría y qué falta
Un SMR de 300 MWe costaría entre US$ 3.500 y 5.500 por kW instalado (incluye combustible), con un LCOE (coste nivelado de la energía) de US$ 100 a 160 por MWh. El informe aclara que esos valores corresponden al “primer módulo de su clase” y que los posteriores se abaratarían por la curva de aprendizaje.
Los microreactores de 50 MWe saldrían entre US$ 6.000 y 8.000 por kW, con un LCOE de US$ 300 a 400 por MWh. El IPPSE los descarta para Paraguay por su alto costo, utilización limitada y poca capacidad. Señala que “no son aptos”, pese a su plazo menor de 5 a 6 años.
Para los SMR, el cronograma es de 12 a 15 años, que podría variar según el avance tecnológico y la cadena de suministros.
El instituto indica que, para llegar a un proyecto, antes habrá que cumplir las exigencias internacionales, adecuar el marco regulatorio con estrictos controles, brindar capacitación e información a la ciudadanía y contar con profesionales altamente especializados.
