El procurador general de la República, Sergio Coscia, indicó que el Ministerio Público es el responsable de agotar las instancias a fin de que las causas contra algunos transportistas sean reabiertas o se insista por una resolución (ver cuadro).
La fiscala es Karina Caballero, quien recientemente asumió los casos en reemplazo a Yoan Paul López, quien había planteado casaciones (nulidad de los sobreseimientos definitivos) ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por considerar que las causas están dentro de los plazos para su reapertura. Hasta tanto no se expida la máxima instancia judicial, los expedientes no tienen sentencia firme.
Las denuncias fueron planteadas en 2014, cuando el entonces titular de la Secretaría de Transporte del Área Metropolitana (Setama), Agustín Encina, denunció que al menos 129 buses tenían chasis y documentos adulterados para que aparenten ser nuevos y así, acceder al subsidio para transportistas. En ese entonces, la Fiscalía estimó una estafa de G. 13.000 millones.
El beneficio en cuestión se otorga desde 2011, cuando el presidente Fernando Lugo había firmado el decreto N° 6630 para otorgar subsidios a transportistas y así, atajar el precio del pasaje.
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El viceministro de Transporte de Obras Públicas, Pedro Britos, indicó que más que facilitar lo requerido por Fiscalía, no le corresponde accionar. Agregó que sólo queda aguardar la decisión de la CSJ.
Sin embargo, el ente que preside fue el denunciante y hoy sigue otorgando subsidios a las empresas procesadas por el cobro irregular de ese beneficio.
La CSJ se caracteriza por la lentitud en las resoluciones y la falta de castigos a los responsables de las excesivas chicanas que bloquean los procesos y facilitan la extinción de las causas.
Fortunas a transportistas
En lo que va del año, el Viceministerio de Transporte otorgó a transportistas más de 30 mil millones de guaraníes en concepto de subsidios. Las beneficiarias deben cumplir determinados requisitos, como no ser deudora morosa del BNF y redoblar la cantidad de empleados de su flota de buses, y que todos estén inscriptos en IPS. Sin embargo, hay dudas sobre cumplimiento.