El 5 de julio de 2018, la Policía Nacional inauguraba cien cámaras nuevas que habían instalado en varias zonas de la capital y área metropolitana mediante una inversión de G. 18.700 millones del Fondo de Servicios Universales de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
Cuarenta y cuatro cámaras eran de reconocimiento de chapas de vehículos y diez facial. En un año de operación, no logró una solo detención la Policía con el uso de la nueva tecnología. Las noticias eran siempre sobre robos, asaltos callejeros, a entidades financieras, viviendas, algunos con derivación fatal, incluso, pero nada de la detención de personas gracias al uso de los equipos.
En diciembre del año pasado, Conatel destinó otros G. 18.581 millones al 911, para instalar 173 cámaras en Encarnación, San Ignacio, Caaguazú, Cnel. Oviedo y Ciudad del Este. Unas 58 eran para identificar personas y chapas.
Pese a las más de 200 cámaras nuevas, la delincuencia siguió campeando y tumbó al comandante Walter Vázquez el 12 de setiembre pasado; un mes después al ministro del Interior Juan Ernesto Villamayor. Antes intentamos visitar el 911, pero nos lo negaron.
El 25 de setiembre, el Ministerio del Interior informó Twitter mediante, por primera vez, de la detención de una persona gracias a la cámara de reconocimiento facial. Luego de otras cinco detenciones. Justo ese 25 de setiembre intentamos entrevistar al nuevo comandante Francisco Resquín, como no lo logramos le pedimos por teléfono visitar el 911. Con la excusa de la “seguridad nacional” nos negó.
Insistimos con nuestro pedido y prometió que Liliana Díaz del 911 nos contactaría. Pasaron los días, el 10 de octubre le informamos al comandante Resquín que Díaz no se había comunicado con nosotros y Resquín contestó con un escueto “bueno”.
Conatel otorgó los dos contratos a TSV SA, representada por Orlando Orlandini, Liliana Velázquez, Pablo Salinas y Jorge Jure, con quienes tampoco logramos contactar.