A fines del año pasado, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), bajo la presidencia de Horacio Torres, contrató a seis organizaciones no gubernamentales (ONG) para la perforación de pozos (ver cuadro). En la última sesión de la Junta Asesora y de Control que presidió el 2 de octubre, aprobó la prórroga por algunas perforaciones. Días después renunció al verse acorralado por un escándalo de coimas.
Lo reemplazó Mario Vega, cuyos funcionarios notificaron la ampliación del plazo para la entrega de esos pozos a la aseguradora Asepasa, la que respondió que esas pólizas de caución y garantía de anticipo no fueron emitidas por la firma. Carlos Flecha, su representante, indicó que luego de ese informe, el Indert envió un listado de pólizas supuestamente emitidas por la firma, de las que aproximadamente 20 serían falsificadas. Indicó que el valor total de las pólizas rondaría por los G. 4.000 millones.
Agregó que los directivos de las ONG se acercaron para decir que de buena fe compraron esas pólizas. Sin embargo, Flecha indicó que resulta llamativo que ellos depositaran el valor de las pólizas en una persona, en otras palabras que esta categoría tenga un tratamiento particular. “Las pólizas de caución de garantía de fiel cumplimiento de contrato y garantías de anticipo, que este caso, se tramitan y se retiran de la empresa, no vía terceros”, explicó.
Por su parte, Rubén Benegas, representante de las cuatro ONG involucradas, resaltó que no existe perjuicio al ente agrario, porque se cumplieron con las obras comprometidas. Si bien reconoció que las pólizas son garantías para los desembolsos, insistió en que las perforaciones se hicieron.
Agregó que denunció ante el Ministerio Público por estafa, identificando al vendedor, pero que aún no se designó a un fiscal debido a la huelga de funcionarios de esa institución.
Consultado al respecto, Mario Vega, indicó que se está verificando cada pozo con el objetivo de corroborar de que efectivamente se hicieron. “Me llamó la atención que Horacio Torres desembolsó por el total de las obras pese a que no estaban concluidas”, dijo e indicó que informarán a Fiscalía.
Se intentó contactar con Horacio Torres, pero no fue posible, tampoco se lo encontró en su oficina, ubicada en Guairá, donde se presentó un equipo de ABC.
Esta situación desnuda el deficiente control del esquema de contratación de las perforaciones, de transferencia directa vía rubro 800, soslayando el concurso de ofertas que exige la ley N° 2051 de Contrataciones Públicas.