Contratistas del Estado, transportistas y comunas resaltan entre infractores

Empresas de transporte, constructoras e incluso municipios figuran en la lista difundida de morosos con el Instituto de Previsión Social (IPS). La previsional insiste en esconder la lista actualizada, pese a que varios de ellos se benefician con millonarios contratos con el Estado o subsidios.

CONTRATOS ADJUDICADOS A TECNOEDIL SA CONSTRUCTORA
CONTRATOS ADJUDICADOS A TECNOEDIL SA CONSTRUCTORA

El presidente del IPS, Andrés Gubetich, dice que no se responsabiliza de la veracidad de la lista de morosos correspondiente al año 2017 que se dio a conocer días pasados, alegando que en ese año él no estaba al frente de la institución (la nómina fue entregada por IPS al Senado y de allí lo consiguió la organización IDEA, que la difundió). Esa fue la respuesta dada ayer a ABC, tras consultársele sobre el Consorcio ARG Tecnoedil SA y la supuesta deuda con la Previsional de G. 4.186 millones por 9 años y medio (deuda que la empresa niega rotundamente).

En ese lapso, Tecnoedil participó en una serie de licitaciones públicas y fue beneficiada con millonarios contratos (ver cuadro), entre los que se encuentran la construcción y provisión de equipo para el hospital regional de Ciudad del Este del IPS por G. 247.000 millones, en 2013 y ocasión en que fue la única proveedora adjudicada.

Consultado al respecto, Gonzalo Zavala, representante de Tecnoedil, indicó que desconoce el motivo por el cual aparece como moroso en 2017 si ya finiquitó la deuda en 2006 (y el IPS dice que “a hoy”, está al día con sus compromisos).

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Pero Tecnoedil no es la única contratista del Estado en la lista de morosos. También está Superkva, de Guillermo Cramer (hermano de la ministra de Industria, Liz Cramer), que tuvo contratos con el Estado antes del 2017 y en 2019 la ANDE le adjudicó la provisión de 7.500 transformadores de 150 kVa, pero finalmente se suspendió el contrato por cuestionamientos al llamado.

En conversación con ABC, representantes de la compañía no admitieron la deuda, pero tampoco la negaron. Solo se limitaron a decirnos que en ese año (2017) no tenían contrato con ningún ente del Estado. Prometieron que nos darán una entrevista, pero recién la próxima semana.

En la polémica nómina no faltaron los municipios. Aparecen el de San Pedro con G. 125 millones de deuda por seguro social; Concepción, G. 84 millones; Ciudad del Este, G. 47 millones, y Arroyos y Esteros, G. 45 millones.

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Las empresas de transporte también figuran con abultadas deudas. Algunas de ellas son San José SA (G. 6.347 millones), La Villetana SA (G. 5.460 millones), Ciudad Universitaria SRL (G. 5.324 millones), Fernando de la Mora SRL (G. 5.151 millones), 29 de Setiembre Boquerón SRL (G. 3.645 millones), La Victoria SRL (G. 3.471 millones) y RR Transporte SRL (G. 2.873 millones).

El viceministro de Transporte, Pedro Britos, afirmó ayer a ABC que todas las empresas morosas relacionadas a su institución fueron canceladas y que algunas de las que reportan son permisionarias de la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran), cuyo titular es Juan José Vida, con quien no pudimos contactar.

Cuenta nueva, un recurso

El IPS se negó recientemente a otorgar a nuestro diario la lista de firmas transportistas morosas, ante la sospecha de que muchas de ellas recibirían subsidios. ABC hizo la consulta vía Acceso a la Información Pública, pero lo único que recibimos de respuesta es que el sector de transporte registra 1.100 empleadores morosos, quienes perjudican a 11.000 trabajadores al no poder acceder a atención médica ni jubilación.

Ramón Giménez, director de Aporte Obrero-Patronal (AOP), reconoció que muchas de las transportistas crearon una nueva razón para crear una nueva cuenta en el IPS y así cumplir con el requisito de “estar al día” con el seguro social para acceder al subsidio por transporte público. Un modus operandi que no se compadece con el espíritu de la exigencia de que las empresas que reciban fondos públicos estén al día con sus obligaciones.

La “lista negra” que salió a la luz días pasados fue otorgada al Senado en 2019, tras solicitud de la Cámara Alta hecha al IPS en 2018. Al mismo tiempo, existe una orden judicial que obliga al IPS a divulgar la lista de los morosos, pero que aún no se ha cumplido. Gubetich adelantó que solicitará una aclaratoria por la “integridad y seguridad” de los que aparecen en ella, sin brindar mayores explicaciones.

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