Yacyretá: 46 años de arbitrariedades argentinas

Un 27 de marzo de 1974, los cancilleres Raúl Sapena Pastor (Paraguay) y Alberto Juan Vignes (Argentina) canjeaban los instrumentos de ratificación del Tratado de Yacyretá que firmaron en Asunción el 3 de diciembre de 1973.

Al recordarse esta fecha, no solo se debe considerar su relevancia histórica, sino también sus proyecciones sobre el presente, de la represa hidroeléctrica y el aprovechamiento de su energía, así como de la entidad binacional y del mismo país.

Concretamente el numeral IX del Anexo C del Tratado de Yacyretá establece que las disposiciones de este documento, que reúne las bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad por parte de la entidad binacional, “… serán revisadas a los 40 años a partir de la entrada en vigor del Tratado”; o sea, transcurrieron seis años de aquel plazo y nada se pudo o se quiso revisar, sencillamente porque el statu quo actual sigue beneficiando amplia y categóricamente al mercado eléctrico argentino y a sus empresas.

Nota Reversal de 1992

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En los 46 años y cuatro meses que pasaron desde la firma del Tratado de Yacyretá hubo intentos formales por revisarlo. Los más relevantes fueron la Nota Reversal del 9 de enero de 1992, aceptada inclusive en el nivel de los poderes ejecutivos que en la práctica modificaba, no solo el Anexo C, sino también partes importantes del tratado.

El instrumento, en junio de 1995, un año después de la irregular puesta en funcionamiento de las primeras unidades de la central, el Legislativo nacional lo rechazó porque lo consideró inconveniente para los intereses de nuestro país.

Recordemos que ese instrumento, entre otros atropellos a los intereses paraguayos, imponía a la binacional una tarifa política, irreal a su producto, decisión que –en la práctica– descargó sobre sus finanzas una controvertida deuda espuria. Además postergó, sin intereses, por ocho años el grueso de los beneficios paraguayos, incluyendo la “compensación por cesión de energía” y estableció que se pagara al contado la cuarta parte de los mismos, compromiso que tampoco es respetado por nuestros socios. En efecto, según los últimos datos, el atraso argentino en el pago de esta cuotita se aproxima de nuevo a los US$ 100 millones.

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La “compensación en razón de territorio inundado” corrió la misma suerte.

Argentina, pese a la decisión del Legislativo paraguayo, ante la indiferencia o incapacidad de los sucesivos gobiernos paraguayos de turno, decidió mantenerlo en vigencia.

Acuerdo Cartes-Macri

En los primeros días de mayo de 2017, Horacio Cartes y Mauricio Macri, entonces presidentes de Paraguay y Argentina, firmaron e intercambiaron un documento que se conoció como Acta Cartes-Macri sobre Yacyretá, que sería la matriz de la Nota Reversal Nº 2 de 2017, que suscribieron los entonces ministros de Relaciones Exteriores Eladio Loizaga y Jorge Faurie.

El nuevo intento por “revisar” el Anexo C del Tratado de Yacyretá, que convalida, entre otras concesiones paraguayas, la Nota Reversal del 9 de enero de 1992, reconoce una deuda espuria imputada a la entidad binacional por US$ 4.000 millones, la que muy pronto caerá sobre los usuarios de esta energía casi con el mismo peso, a pesar de que en sus 25 años de producción la tasa paraguaya de aprovechamiento de esta central arañó apenas el 5% de su producción acumulada.

Además, una vez más, la “graciosa concesión” paraguaya con mayor peso económico, sigue siendo la injusta compensación por cesión de energía durante sus 30 años de vigencia, inclusive con un valor: US$ 10,45/MWh, sobre el costo de Yacyretá.

Ignorado por el Congreso argentino

El instrumento firmado en setiembre de 2017 por los ministros de Relaciones Exteriores de Paraguay, Eladio Loizaga, y de Argentina, Jorge Faurie, afortunadamente fue ignorado por el Poder Legislativo argentino. Inclusive, el nuevo Congreso, que se instaló a finales del año pasado no le ha dado curso, razón por la cual la salida que se impone es una nueva revisión del Anexo C, así como todo lo acordado en el Acta Cartes-Macri. No obstante, en el Congreso local hubo hasta ahora un par de intentos por la derogación de un instrumento que se ha comprobado que es perjudicial para nuestro país, pero tampoco prosperaron, curiosamente por la “falta” de los votos necesarios para el efecto.

rcasco@abc.com.py

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