El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Cárdenas, autorizó el pago de G. 2.674 millones por la finca N° 2.857 de Alto Verá (Itapúa), expropiada en el año 2010 a la señora Lilia Oddone Vda. de Céspedes. La abogada Rivarola, apoderada de Oddone, trató de justificar dicha operación, en una carta al director de ABC publicada el 22 último en versión digital y hoy en página 18.
En tres páginas tamaño A4, la letrada no justificó cómo es posible que ella, como conocedora del derecho, haya promovido la firma de una escritura por un inmueble con prohibición de contratar, además del pago del 50% del valor de indemnización, pese a que las tierras están embargadas.
Las restricciones con que cuenta la finca se originaron en honorarios profesionales impagos del anterior abogado de Oddone, Rubén Paredes. Al respecto, Rivarola señaló que la cifra reclamada por Paredes es “exorbitante” y que “sobrepasa todos los parámetros legales”. Sin embargo, el AI N° 2.222/12 del juzgado que atendió la causa refuta esas afirmaciones. El documento indica que “estando el pacto de cuota litis plasmado en instrumento público, el mismo no admite reparo legal alguno, estando además dentro de los límites establecidos en el Art. 16 de la ley 1376/88, arancel de honorarios de abogados y procuradores”.
Según los datos, varios procesos judiciales se llevan a cabo en torno a este caso, pero al margen de eso, las restricciones judiciales sobre la finca siguen vigentes a la fecha, razón por la cual el inmueble hasta hoy no ha podido registrarse en Registros Públicos a nombre del Indert. El peligro para el Estado es que tras los juicios mencionados se determine que otra persona debe cobrar la indemnización y no Oddone. Si eso llegara a ocurrir, se habría perdido el pago del 50% hecho por Cárdenas.
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La persona que cobró el dinero fue precisamente Rivarola, una exconsejera de Yacyretá y expareja sentimental del procesado por narcotráfico y por el secuestro de Christian Schaerer, Damián Delvalle Sanabria, quien fuera liberado con una orden de libertad falsa y posteriormente recapturado mediante un allanamiento precisamente al domicilio de Rivarola.
Aún no hay imputación
A pesar de los graves elementos obrantes en la carpeta fiscal que muestran el pago indebido, como lo es la sola escritura pública de traslación de dominio sobre un inmueble con prohibición de contratar, hasta el momento la fiscalía no ha imputado, tras más de dos años de haber iniciado la causa.
Desde hace días, nuestro diario intenta tener una entrevista con la agente que ahora tiene el expediente, Daniela Benítez, pero no nos ha respondido las reiteradas llamadas y mensajes.
Ayer, después de los varios intentos, respondió con un mensaje de texto diciendo que está con reposo médico y que “se están realizando las diligencias solicitadas”. Cuando le preguntamos si encuentra indicios suficientes para imputar, dejó de contestarnos.