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Sobre este tema, el presidente de Previsión Social, Dr. Benigno López, informaba la semana pasada que en el transcurso del primer semestre del 2015 el consejo de administración de la institución presentará un proyecto de reforma de la Carta Orgánica de la institución, que, según él, necesita una modificación de fondo, en cuanto a su estructura, a su organización, a los beneficios que otorga, a las políticas, a la administración interna, a los recursos humanos y en cuanto a los aportes que hay que hacer a los diferentes fondos.
A raíz de la inquietud generada por la noticia entre los aportantes, especialmente ante la sospecha de que podría incluir el aumento de la edad necesaria para jubilarse, así como los años de aportes, consultamos con el representante de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) en el consejo directivo, Luis Fleitas Bogarín, quien aseguró que los actuales cotizantes del sistema previsional del IPS no deben preocuparse de ese tema, porque “ni siquiera se lo mencionó” en el seno del organismo administrativo.
La ley establece hoy una jubilación ordinaria que prevé 60 años de edad y 25 años de aporte, como mínimo, para el retiro del trabajador aportante. En este caso, el empleado dependiente puede acceder a una jubilación del 100% del promedio de los 36 últimos meses del salario.
Fleitas añadió que la reforma que buscan guarda relación más bien con temas como la distribución de los ingresos en los respectivos fondos (salud y jubilación), porque el fondo destinado a la atención de la salud hoy tiene problemas, dado que también es destinado a la construcción de hospitales, que son necesarias, pero cuya fuente de financiamiento debería ser otra, quizás los fondos jubilatorios, ya que se trata de obras de infraestructura que pasarán a formar parte del patrimonio.
Agregó que los cambios también alcanzarían al control de los aportes obrero-patronales, hoy con una evasión del 55%, porque la persecución y sanción a los evasores no son realmente disuasivas, puesto que la legislación actual no prevé un castigo mayor para nadie. La propuesta también incluye la libre disponibilidad de las propiedades inmuebles.