Los representantes de 1.500 familias de Barbero Cue (10.000 campesinos), Víctor Caballero y Martín Lezcano, visitaron ayer nuestra redacción, aprovechando su estadía en Asunción para verificar el estado de los expedientes sobre este caso que les afecta.
“Fuimos al Poder Judicial para revisar cómo están todos los expedientes sobre Barbero Cue, porque no es solo uno; hay varios. Está el de Luis Ortigoza, que promovió una mensura durante su presidencia en Indert y que arrojó 14.090 hectáreas a pesar de que el título habla de 17.343, registrado desde 1951 a nombre del Gobierno de Italia. Aprobó esa mensura el juez Édgar Rivas y pedimos su nulidad. En otro expediente denunciamos también este hecho, porque hubo demasiadas irregularidades. Entonces pedimos una nueva mensura. También está el expediente del remate de las tierras promovida por Ortigoza y Benjamín Adaro Monzón y esta semana estaría la resolución sobre este caso”, explicó Caballero.
Por su parte, Lezcano pidió al Gobierno un apoyo real para que solucione este problema lo más pronto posible. “Las familias están desesperadas porque pueden rematar nuestras tierras. El Gobierno italiano nos regaló las 17.343 hectáreas y ahora este juez Rivas nos está negando”, señaló.
Alertó sobre una de las varias irregularidades en el caso Barbero Cue. “Durante la época de la intendencia de Pastor Vera Bejarano en San Pedro de Ycuamandyyú (en el 2012) se hizo esa mensura que arrojó las 14.090 hectáreas, sin embargo, en la misma época Vera Bejarano vendió los impuestos impagos del terreno por 17.343 hectáreas. Entonces hay una contradicción”, agregó.
Según lo indicado, el Gobierno propuso realizar una reunión en San Pedro el próximo martes entre los afectados del caso Barbero Cue, con presencia del presidente del Indert, Justo Cárdenas. “No entiendo por qué quieren llevar allí la reunión, si en Asunción están nuestros expedientes, documentos, nuestros asesores jurídicos, entonces aquí trabajaremos mejor” , subrayó Lezcano.
Resaltó la importancia de la intervención del Gobierno Nacional, sobre todo a través de la Procuraduría General de la República, por ser la encargada de defender los bienes del Estado.