Buscan evitar el remate de la Azucarera Iturbe

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ITURBE, Guairá (Pablo Gastón Ortiz, corresponsal). El avance del proceso de venta de la Azucarera Iturbe SA, en ejecución de un fideicomiso de garantía, preocupa a los acreedores que no están incluidos en este contrato. Los representantes de la empresa apelaron la resolución de un juzgado de Villarrica que ampara la realización de la tasación e inventario de los bienes de la fábrica para la posterior liquidación, que es pretendido por los beneficiarios del fideicomiso.

La venta de la fábrica es impulsada por los bancos Regional y Visión, debido al incumplimiento del pago de créditos por valor de US$ 8.200.000 y US$ 620.000 respectivamente. Los otros beneficiarios del fideicomiso son la cooperativa de crédito neerlandés Oikocredit del empresario encarnaceno Eduardo Elías Hrisuk Klekoc.

En caso de concretarse la liquidación del patrimonio, se pagará solo a los acreedores que forman parte del contrato de garantía y el dinero restante será restituido a los directivos de la azucarera.

Esta situación preocupa a los otros acreedores, ya que el remate de la fábrica será a precio de mercado; es decir, no se tendrá en cuenta el pasivo de la empresa para llevar a cabo la liquidación del ingenio.

Paralelamente, está pendiente la convocatoria de acreedores en el juzgado de Villarrica, que está siendo dilatada por una cadena de recusaciones e inhibiciones.

El Banco Familiar Saeca, que no es acreedora ni deudora, aparece como fiduciaria en rol de mandataria. En virtud al acuerdo, Iturbe SA le transmitió a título de fideicomiso la propiedad de sus bienes inmuebles con todo lo edificado en ellos, como también la maquinaria e instalaciones del ingenio azucarero.

El contrato exige que para la apertura del proceso de enajenación del inmueble se debe realizar previamente una evaluación por expertos. Este análisis se está llevando adelante mediante un amparo constitucional planteado por el Banco Familiar Saeca contra la azucarera, ya que sus directivos no permitían a los representantes de la entidad bancaria el ingreso a la fábrica.

El juez Jorge Garcete dictó, entre otras cosas, una medida cautelar ordenando a los directivos de la empresa, empleados y guardias de seguridad, que se abstengan de impedir a los representantes del banco el acceso y su permanencia en la planta industrial.