Con fondos de los bonos soberanos, Indert pagó intereses por Antebi Cue

El Indert usó fondos provenientes de la colocación de bonos soberanos para pagar G. 13.500 millones de intereses por las tierras de Antebi Cue. Se trata de un enorme inmueble expropiado en 1995 que no sirvió para los fines de la reforma agraria y por el cual el Estado ya pagó millones. Todo indica que los intereses no tienen justificación legal.

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El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) había colgado en su página web un cuadro con el detalle de pagos realizados con fondos de los bonos. En la lista, que posteriormente fue borrada del portal, aparece el desembolso a Cipasa por las tierras conocidas como Antebi Cue (Concepción-Amambay) y que se basó en la Resolución de Presidencia Nº 3727/14 (ver cuadro).

El pago, sin embargo, recién se efectivizó en 2015, según fuentes no oficiales del ente agrario. Ayer, en conversación con nuestro diario, el gerente administrativo y financiero de la institución, Gustavo Ortiz, confirmó que hubo tal erogación. “Sé que se pagó, no sé cuándo ni cuánto. Yo no estaba en la parte financiera en ese entonces, nunca estuve en el proceso. Pero existe la deuda (por intereses)”, señaló.

Estos G. 13.500 millones habrían sido el primer pago en la gestión de Justo Cárdenas, presidente del Indert, y esta administración está a punto de pagar otros G. 30.000 millones, también en concepto de “intereses” que, según se deduce a partir de documentos a los que accedimos, serían irregulares.

De hecho, a través de la sentencia definitiva Nº 368 de 2010, se había fijado la indemnización por el inmueble en G. 215.970 millones (unos US$ 40 millones al cambio actual), pagaderos en diez cuotas. Pero, llamativamente, la escribana que transcribió dicho documento en la escritura pública, Adela Melgarejo Bellenzier, había agregado el pago de los intereses a los Antebi, “que será reajustado de acuerdo al índice inflacionario que determina anualmente el Banco Central del Paraguay” (ver facsímil).

En el pasado, cuando era diputado nacional, el ahora gerente de Créditos del Indert, Carlos Soler, había dicho que esos intereses son hasta “inmorales”, considerando que aquellas tierras expropiadas nunca cumplieron con los fines de la reforma agraria. De un total de 224.000 hectáreas, solo 42.945 se destinaron a los campesinos, mientras que 103.018 fueron declaradas reserva natural y 79.096 fueron ocupadas por ganaderos, empresarios y, según datos no oficiales, hasta narcos, que hasta hoy explotan las tierras.

Hoy Soler ya no tiene la misma postura y hasta justifica la generación de intereses. El fin de semana, en conversación con ABC, dijo que si bien sigue considerando que ese negocio fue un “elefante blanco”, se entiende que haya intereses porque los 10 pagos que debían entregarse a Cipasa no se cumplieron en tiempo y forma, por lo que es “lógico” que se generen estos compromisos extra.

Sin embargo, el instituto agrario no ha exhibido documentos que justifiquen la legalidad de dichos desembolsos. En tanto que la Procuraduría General de la República (PGR), desde la gestión del extitular Roberto Moreno, no ha salido a defender el patrimonio del Estado.

El actual procurador, Abog. Francisco Barriocanal, prometió dar detalles sobre la intervención de la PGR luego de interiorizarse en el caso. “Yo, personalmente, no participé de ningún tipo de acuerdo. Entiendo que el Indert estuvo en alguna tratativa y obviamente va a tener una resonancia en el ámbito del proceso si recibimos instrucción del Indert de poner fin al juicio. Tengo que ver cómo está la cuestión procesal. Tengo entendido que en el juicio había recaído una sentencia, y si ya hay una fijación judicial (de pago de intereses), es un poco más difícil ponerse a discutir otra vez”, afirmó el fin de semana a nuestro diario.

Pero según información de fuentes extraoficiales, los intereses se acordaron tras intervención de políticos colorados, que se habrían repartido las “ganancias”.

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