“Tenemos un trabajo en pleno laboratorio y vamos a sacar próximamente una definición al respecto”, indicó García acerca de lo citado.

En el legislativo

Por otra parte, en el ámbito legislativo, también avanzan un par de proyectos que buscan una solución al tema de repartición de multas, así también para limitar las facultades de la SET. Uno de los proyectos presentó el diputado colorado Eber Ovelar, con el cual se pretende modificar los criterios de distribución de multas cobradas por Tributación, excluyendo a los funcionarios de la calidad de denunciantes, y por ende de la posibilidad de cobrar por ello.

En esencia, promueve la modificación del artículo 239 de la Ley 2421/2004, de Adecuación Fiscal. El artículo en cuestión establece el beneficio de cobro de multas por parte de los funcionarios de Tributación hasta un 50% de las sanciones cobradas a los contribuyentes.

El esquema, si bien se viene aplicando desde el 2004, se ha intensificado a partir del 2015, cuando la viceministra Marta González modificó las reglas a través de una resolución para incluirse ella misma en la lista de beneficiarios. Esto en coincidencia de los sucesivos casos de megaevasión.

Solo en multas, muchos funcionarios están percibiendo más de G. 20 millones al mes, además de salario y agregados.

Indignación

Diferentes gremios del sector empresarial, industrial, de servicios y profesionales contables consultados han manifestado su total rechazo a la distribución de multas manipulada desde la Subsecretaría de Estado de Tributación.

“Esto indigna a la ciudadanía y requiere una acción inmediata”, señaló al respecto la abogada tributarista Nora Ruoti.

Solo en pagos extras, mayormente por multas, Tributación proyecta utilizar en el año 2018 un total de G. 40.000 millones, que supera ampliamente el presupuesto global de otras entidades.

Este rubro tuvo un incremento del 100% con respecto al presupuesto vigente, de G. 20.000 millones, según los datos.