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El reporte firmado por la Lic. Isabel Emi Moriya de Amarilla, directora de la Dirección General de Control de la Administración Descentralizada de la CGR, señala, entre otras cosas, que la ANDE es una empresa pública paraguaya y que su situación como copropietaria en el emprendimiento hidroeléctrico de Yacyretá “no le excusa, ni menos justifica el no cumplir ni defender nuestro ordenamiento jurídico respecto a la legalidad de la aplicación de la Nota Reversal de 1992 en sus Estados Financieros”.
Asimismo sugiere que de inmediato tramite en instancias de un arbitraje internacional para dirimir la controversia que generó esa nota, que fue firmada el 9 de enero de 1992 por el entonces embajador paraguayo en Buenos Aires Dido Florentín Bogado, que modificaba el Anexo C del Tratado de Yacyretá. El documento fue rechazado por el Congreso paraguayo en junio de 1995, por lo que no tiene vigencia jurídica; sin embargo, es utilizada por la EBY para su facturación.
La CGR exige a la ANDE implementar de inmediato investigaciones tendientes a deslindar responsabilidades y en su caso, sancionar a los intervinientes, de conformidad a las disposiciones legales vigentes; debiendo remitir al órgano de control, un informe pormenorizado sobre las resultas de los mismos en un plazo de 60 días.
Responsabilidad penal
Agrega que, en el eventual caso que surgieran indicios de responsabilidad civil o penal de funcionarios, aunque hayan dejado de pertenecer a la institución, la ANDE se encuentra compelida a impulsar los trámites de rigor ante los ámbitos jurisdiccionales y, en su caso, dar intervención a la Procuraduría General de la República.
El informe concluye con una advertencia a las autoridades de la estatal, a quienes recuerda que “el no cumplimiento de la recomendación representaría negligencia por parte de estas, aclarando que también se hallan sujetas al régimen sancionatorio, siendo responsables del incumplimiento de sus deberes y obligaciones, y en tal sentido, cualquier daño patrimonial que pudiera generarse por la falta de gestión para dar solución a todo lo observado, es de exclusiva responsabilidad de todos los funcionarios de la ANDE afectados en el proceso”.
El caso está en la fiscalía
Actualmente hay una denuncia penal presentada ante el Ministerio Público por la Comisión para el Cumplimiento del Tratado de Yacyretá, que lidera el abogado Walter Cardozo. El pasado 7 de agosto presentaron un segundo urgimiento a la fiscala de Delitos Económicos María Victoria Acuña, para que impute a las personas que desde sus cargos en la EBY consintieron la violación del Tratado y la vigencia de la NR 92 aplicada sucesivamente desde 1994, ocasionando un millonario perjuicio económico contra el patrimonio del Estado, propietario del 50%.