Al respecto, la abogada tributarista Nora Ruoti criticó la inacción de las autoridades del Ministerio de Hacienda y de los legisladores en frenar los cobros abusivos de multas por parte de funcionarios de la SET.

Gracias a la falta de acción de nuestros representantes del Congreso, la viceministra Marta González Ayala y sus funcionarios serán “remunerados” adicionalmente con unos G. 2 billones (US$ 357 millones), esto basado en los números presentados oficialmente por la SET.

La profesional alegó que ese dinero podría cubrir las múltiples necesidades básicas de la ciudadanía, insatisfechas por falta de presupuesto.

“Esto indigna a la ciudadanía y requiere una acción inmediata”, señaló Ruoti. Criticó además que los parlamentarios estén más abocados a sus correspondiente campañas y que no tengan tiempo o voluntad para ocuparse del tema.

Al respecto, el diputado colorado Eber Ovelar presentó la semana pasada un proyecto de ley que pretende modificar los criterios de distribución de multas, excluyendo a los funcionarios de la calidad de denunciantes, y por ende de la posibilidad de cobrar por ello. El proyecto que modifica el artículo 239 de la 2421/2004 de adecuación fiscal espera por dictamen de las comisiones para ser tratado por el pleno.

Por otra parte, Ruoti sugiere incorporar en la Ley de Presupuesto General de la Nación 2018 un artículo que frene la consideración de unos G. 40.000 millones previstos por la SET para repartir en el próximo año. Este planteamiento fue sugerido también en su momento por la senadora Desirée Masi (PDP).