Los 63 lotes que el Indert pretende recuperar, con objeto de reubicar allí a otros campesinos, se encuentran con documentación respaldatoria, títulos o recibos de gestión ante el ente rural y sus ocupantes son paraguayos naturales, agricultores, que reúnen las condiciones para ser beneficiarios de la reforma agraria. Así afirmaron ayer los abogados Walter Ruiz y Óscar Huerta, que representan a pobladores de la Colonia Santa Teresa, del distrito de Abaí, departamento de Caazapá, en visita a nuestra redacción.
Los representantes legales de los colonos mostraron a nuestro diario documentos sobre los lotes en cuestión, que en total tienen 771,88 hectáreas, donde el Indert pretende reubicar a campesinos que en mayo de este año habían sido desalojados de las tierras de la firma Agropeco.
Según lo indicado, el ente rural no maneja datos precisos de Santa Teresa, ya que primero decía que la colonia contaba con 2.526 hectáreas y ahora dicen 2.063,9 hectáreas, al principio hablaba de 800 hectáreas en situación irregular que se estaría recuperando y hoy 771,88 hectáreas (ver el mapa).
“El Indert debe realizar un trabajo más técnico antes de realizar una intervención en una colonia. La firma Tupã Renda le había vendido al Instituto 2.086 hectáreas con 5.000 metros cuadrados en 1992, pero el primer mapa que ellos mostraron se leía 2.526 hectáreas. Entonces, ¿dónde están esas 500 hectáreas que sobran?”, preguntaron los abogados.
Resaltaron también que la institución debería analizar la situación de los lotes de Santa Teresa, caso por caso, y si encuentra alguno en situación irregular debe impugnar y denunciar ese caso particular.
“Pero lo que el Indert solicitó fue un interdicto (cuyo objetivo es atribuir la posesión de una propiedad a una determinada persona, de manera provisoria), sin siquiera acercar la lista de los lotes específicos en supuesta situación irregular”, señalaron.
Precisamente, apuntaron, en el juicio caratulado como “Indert contra personas innominadas sobre interdicto de adquirir”, la fiscala María Angélica Calvo se inhibió de la causa, debido a que no se presentaron todas las documentaciones requeridas para demostrar las acusaciones del ente rural.
“El juicio fue mal planteado desde el comienzo, porque lo único que puede esclarecer la situación de la colonia es un análisis de caso por caso y denunciar casos puntuales”, reiteraron Ruiz y Huerta.
Aseguraron que el presidente del Instituto, Justo Cárdenas, “no dimensiona el perjuicio que puede causar al Estado” si pretende sacar lotes a personas sujetas a la reforma agraria, con documentación respaldatoria.