El esquema montado por González Daher opera con total impunidad

Óscar González Daher estableció un esquema de protección para jueces que podrían dedicarse a la extorsión con acciones judiciales a productores e inversionistas extranjeros. El Jurado de Magistrados mantiene en sus cargos a jueces con graves denuncias.

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Óscar González Daher utilizó el cargo de presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para montar un esquema de protección a jueces que podrían ser responsables de extorsión.

El mecanismo es simple en extremo: admisión de acciones judiciales que provoquen una asfixia económica y obliguen a negociar una salida.

Dos juezas sobresalen en este posible esquema: Julia Alonso, titular del juzgado en lo civil y comercial del 5to. turno de Asunción; y Victoriana Cáceres, del juzgado civil y comercial del 3er. turno de Ciudad del Este.

Todos aquellos casos que involucran negocios o intereses de Óscar González Daher son o fueron manejados en algún momento por ambas juezas.

A pesar de las denuncias presentadas ante el Jurado de Magistrados, entre el 2016 y el año en curso, nunca se logró que las investigaciones pudieran avanzar. 

La salida de González Daher del Jurado no significó tampoco un cambio estructural, simplemente se convirtió en el alejamiento de un hombre que sigue controlando los designios de la institución entre bambalinas.

Tanto Julia Alonso como Victoriana Cáceres vienen cumpliendo funciones en el Poder Judicial y las carpetas con las denuncias están cajoneadas.

Atropellos escandalosos

Julia Alonso es la jueza que intervino en un juicio de regulación de honorarios donde la empresa holandesa Los Molinos SA fue condenada a pagar ocho millones de dólares en concepto de agrimensura de un inmueble de 60 mil hectáreas en el Alto Paraguay, Chaco.

No contenta con eso, también dispuso el embargo sobre bienes inmuebles por un monto superior a los ocho millones de dólares en perjuicio de la empresa.

La orden judicial de pago tiene fecha 18 de mayo de 2015 y fue librada sobre un inmueble que ya tenía una mensura judicial aprobada e inscripta en los registros públicos.

Los inversionistas pagaron ocho millones de dólares por la compra de la tierra y ahora tienen un mandato judicial de pagar ocho millones de dólares en concepto de regulación de honorarios por tareas de agrimensura.

La jueza Victoriana Cáceres, por su lado, intervino en el año 2016 en un proceso contra el productor Marino Raiter. 

En menos de dos horas, respondiendo a indicaciones de Óscar González Daher, transmitidas por su asistente Rodrigo Estigarribia Amidey, ordenó embargo de bienes del agricultor.

En el proceso estaba involucrada la esposa de González Daher, escribana Nélida Chávez, por falsificación de firmas del productor. Se comprobó la adulteración de firmas pero la investigación no avanzó.

La sombra de González Daher sigue proyectada como la de un buitre sobre el Jurado de Magistrados.

roque@abc.com.py

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