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El 5 de diciembre del 2011, el entonces fiscal Arnaldo Giuzzio decomisó un cargamento de perfumes que ingresó en forma irregular al país y que fue despachado en la Aduana de Gical. En los despachos y otros documentos de la carga se hizo figurar que se trataba de “tinte para cabello” y que el valor del cargamento no superaba los 200.000 dólares.
La intervención fiscal permitió descubrir que los despachos fueron falsificados y que en realidad toda la carga era de perfumes, cuyo valor real orillaba el millón de dólares. Mediante este esquema la firma “CSR Import-Export”, que aparece como supuesta dueña de la mercadería, intentó evadir el pago de unos G. 900 millones en diferentes tributos.
El esquema para evadir impuestos está vigente hace años en el Alto Paraná. Llamativamente, hasta ahora las autoridades aduaneras no le ponen fin a este flagelo que perjudica al Estado y beneficia a comerciantes que operan al margen de la ley.
Las autoridades aduaneras, según fuentes, ceden a los poderes políticos y económicos que están detrás del tema, que genera mucho dinero y que se repartiría a los responsables de las distintas instituciones encargadas del control, entre ellas Aduanas, Hacienda, Fiscalía, etc.
Siempre se habló del “maletín”
En el año 2005, la funcionaria de Aduanas Yolanda Benítez, de 48 años, fue acribillada a balazos en un trayecto de Ciudad del Este a Coronel Oviedo cuando viajaba en su camioneta con destino a Asunción. Supuestamente, la mujer traía la “recaudación” semanal.
El viejo esquema ahora enfrenta a los grupos que quieren manejar la importación de mercaderías, que ingresan al país, mediante un pago ínfimo de tributo.
Los bandos que consiguen el padrinazgo de algunos políticos ya empiezan a pelear por el manejo del esquema.
Últimamente, la “guerra” se proyectó en lo mediático, mediante la publicación de acusaciones mutuas entre los grupos.
La cuestión legal debe ser esclarecida por el Ministerio Público.
Denuncia de abogado
En representación de Julio César Villalba, el abogado Lelis Olmedo, vinculado a un senador colorado a quien defendió en procesos judiciales, denunció el caso ante la Fiscalía General.
Olmedo refirió que el esquema funciona gracias a la protección de la senadora liberal Zulma Gómez y de Fredy Franco, hijo del presidente Federico Franco.
“No podría realizarse todo este emprendimiento criminal sin la participación de los padrinos políticos de turno en el poder y se destaca la figura preponderante de una legisladora, quien brinda toda la protección y apoyo político a la operación”, dice.