Teniendo en cuenta la cifra actualizada del producto interno bruto (PIB), de US$ 47.000 millones, la ineficiencia en el gasto público le cuesta al Estado alrededor de US$ 1.800 millones al año. Es decir, en un contexto de mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos, no habría necesidad de entrar en déficit para cubrir las necesidades del Presupuesto General de la Nación, e incuso cubriría las serias deficiencias en infraestructura que tenemos en el país.
Cabe señalar que la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) contempla un tope para el déficit de 1,5% del PIB, unos US$ 660 millones estimado para el 2019.
Según el reporte “Mejor gasto, para mejores vidas” que publicó el BID ayer, las ineficiencias del gasto público en Paraguay se deben mayormente al malgasto en el rubro de salarios.
De acuerdo al mismo informe, el pago de salarios en Paraguay concentra alrededor del 40% del gasto total de la Administración Central, muy por encima del promedio de América Latina, que es del 29%. En tanto que la proporción en comparación al PIB llega al 10%, frente al 8% del promedio regional.
Otro de los segmentos donde se filtran o desvían los recursos públicos es a través de las compras y las contrataciones públicas que realiza el Estado. El BID estima que en América Latina, entre el 10% y 30% de la inversión en proyectos de construcción se puede perder por la mala gestión y la corrupción. No es diferente en nuestro país, que se mantiene en el promedio regional.
Además, una reducción de los sobrecostos y demoras en proyectos de infraestructura financiados por los gobiernos podría generar un ahorro en el gasto de casi 1,2% del PIB, añade el BID.
Por otra parte, el organismo señala que también se pierden recursos a través de las transferencias sociales y gastos tributarios. El BID estima un desvío de cerca de US$ 500 millones, solo en estos temas en nuestro país.
Según el BID, corregir estas ineficiencias sería más que suficiente para eliminar la brecha de pobreza extrema, construir más hospitales y escuelas.
El análisis describe que después de la crisis financiera global, muchos países latinoamericanos vieron incrementar de manera exponencial sus ingresos por la venta de las materias primas y, por tanto, elevaron igualmente sus gastos en salarios en el sector público y en pensiones, desembolsos que ya son muy difíciles de revertir.