El Poder Judicial no ayuda para eliminar contrabando, según UIP

“El sector industrial, el empresariado y el sector importador, estamos casi liquidados. Por un lado, tenemos a los organismos del Poder Ejecutivo, Aduana principalmente, que tendrían que velar por evitar el ingreso de mercadería ilegal sin obtener resultados, y por el otro, a un Poder Judicial que no hace nada”, expresó el directivo del gremio industrial.

Aseguró que desde que él está trabajando en la UIP no recuerda un solo caso en donde la Justicia paraguaya haya informado sobre una condena ejemplar a un financista o a un gran contrabandista.

Añadió que el empresariado, los industriales e importadores se sienten totalmente desprotegidos, ante la avalancha de mercaderías de contrabando que ingresan al país y que se comercializan a la vista de todos. “El sector industrial local está sintiendo todavía ese gran contrabando que tuvimos en el 2014. Hay disminución de empleados en algunas empresas, los importadores trajeron menos productos y en algunos supermercados se tuvo un menor consumo. Eso evidentemente tiene una relación directa con las mercaderías ilegales que se comercializan por todos lados”, agregó Tavella.

Indicó que la única institución que se mostró interesada y que empezó a trabajar para tratar de reducir el impacto del contrabando fue el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), pero que no se puede tener los resultados esperados, si no se tiene la ayuda judicial para avanzar en las investigaciones. “Lo peor de toda esta situación es que no vemos algún viso de solución. No observamos ayuda de la fiscalía ni del Poder Judicial para solucionar los casos y hacer que los responsables puedan tener algún tipo de castigo. Si el Estado quiere cooperar para eliminar el contrabando tiene las herramientas para apoyar al sector privado paraguayo”, expresó el gremialista.

Ni una sola causa a juicio oral

El propio juez Humberto Otazú, único magistrado habilitado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para atender casos de contrabando en todo el país, confirmó que desde febrero de 2014, cuando asumió dicho cargo, no se registró ningún juicio oral como derivación de una investigación fiscal por contrabando.

Otazú comentó ayer a nuestro diario que sí se tuvieron tres condenas en 2014, pero que se llegó a esas instancias sin recurrir a un juicio oral. Estas causas, sin embargo no fueron investigadas como casos importantes de ingreso ilegal de mercaderías. En ese sentido, el propio juez Otazú reconoció que las causas “grandes” son procesos muy largos y que hoy hay algunos que aún están en proceso.

61 intervenciones en el año

Según informes de la Policía Nacional, en lo que va del año se efectuó un total de 61 procedimientos para incautar productos de contrabando.

En todas estas operaciones fueron aprehendidas 53 personas, de las cuales 12 quedaron como detenidas, es decir, fueron incluidas dentro de la investigación fiscal.

La mayoría de los detenidos son choferes de camiones de los que requisaron las cargas ilegales, o encargados de locales, en los que se hallaron productos de contrabando.

Estas operaciones fueron realizadas a través de la Unidad Interinstitucional de Combate y Represión al Contrabando (UIC), que dejaron unos 14.000 millones de guaraníes en valor de lo decomisado.