El empresario cuestionó el procedimiento de repartición de multas que se da en la Administración Tributaria, empezando incluso desde la cabeza, la viceministra Marta González Ayala.
“Yo no estoy de acuerdo en que la gente sea juez y parte, ya que esto puede prestarse también a excesos, incluso a abusos”, acotó el titular de la CAP, tras una reunión que mantuvo con la titular de Hacienda, Lea Giménez, el miércoles último.
Dijo que pagar incentivos a los funcionarios para recaudar más es como premiar a los funcionarios que llegan a hora, siendo que ese es su deber.
No obstante reconoció que la propia Ley establece condicionamientos que favorecen a la Administración Tributaria para la práctica de estos procedimientos, por lo que se necesitaría una actualización de la Ley 2421/2004 en ese aspecto.
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“Aquí hay muchos abusos que se van a tener que ir corrigiendo. Al final es dinero que nosotros aportamos como contribuyentes. Es dinero que nos cuesta ganar, y por eso queremos que estos impuestos sea bien utilizados”, expresó.
Solo la viceministra Marta González se embolsó en el último año la suma nada despreciable de G. 240.571.400 en extras por las multas cobradas a contribuyentes por las diversas intervenciones autorizadas por ella misma. Esta repartición beneficia en mayor proporción a los jefes.
Mejora en gasto salarial Por otra parte, el empresario insistió en que el Estado debe trabajar con mayor fuerza en mejorar la calidad del gasto público, sobre todo en lo respecta a los salarios. “Nosotros seguimos insistiendo que tiene que haber meritocracia, hay gente en el sector público que trabaja mucho y gana poco y otros que ganan millones y que no hacen nada”, alegó.
El empresario sugirió establecer un sistema que permita establecer un pago más justo a la gente, por lo que produce, por lo que brinda, por lo que da.
Se tiene que prever sistemas más justos de retribución, sin llegar a los abusos que al final terminamos pagando nosotros.
“Nosotros pagamos impuestos para tener contraprestaciones de servicios, pero qué se hace con el dinero que aportamos”, cuestionó el titular de la CAP, añadiendo que al empresariado le preocupa el hecho de que el Presupuesto General priorice los gastos rígidos, sin nada para inversiones.