Las operaciones con YPFB arrancaron oficialmente en setiembre del año pasado, con una licitación amañada y abiertamente dirigida a favor de la estatal boliviana.
En la ocasión, como era de esperarse, se presentó dicha empresa pública del Estado vecino y ganó el proceso con un precio referencial de US$ 282 por tonelada en origen. Luego vinieron las primeras cargas, en octubre, en total 1.000 toneladas, y en la factura figuró US$ 356,8 por tonelada en origen. Entonces, la cotización abonada por Petropar ya implicó US$ 74 más caro por tonelada con relación al primer monto referencial de la licitación.
En el último proceso de compra realizado hace apenas unos días, y que llamativamente se hizo por vía de la excepción, en la que Petropar argumentó “urgencia impostergable” (ver derecha imagen de la página de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas), la importadora paraguaya adquirió de YPFB un total de 3.000 toneladas, por un monto aún mayor, esta vez de US$ 172 más caro por tonelada, ya que abonó US$ 454,250 por Ton., según la factura del 28 de diciembre (ver facsímil derecha). Además la estatal tiene suficiente stock del producto como para cubrir la demanda de unos tres meses, según su volumen normal de ventas.
Llamativa compra más cara
Ante los mayores precios ofertados por YPFB, Petropar debió haber abortado el proceso de compra, atendiendo a que no existía ninguna urgencia y mucho menos riesgo de desabastecimiento en el mercado, y considerando también que el sector privado posee una gran reserva del producto en sus plantas. Estas son las llamativas maniobras que causan desconfianza, justamente de las dos empresas estatales consideradas como las más corruptas en sus respectivos países.
El Gobierno anunció el lunes último, tras la visita realizada por el presidente boliviano, Evo Morales, que avanza una “alianza comercial” entre Petropar e YPFB para asentarse esta última en el país, con el fin de distribuir y vender gas en el mercado local a través de Petropar, y copar el 50% del mercado, una operación que genera dudas en el sector privado, el cual asegura que Petropar miente en la supuesta ganancia que dice tener en el gas, y más aún cuando abiertamente el gobierno de Horacio Cartes asume una postura electoralista con relación a los combustibles.
Cartes había firmado en agosto de 2014 un acuerdo con Morales, que fue presentado al Congreso para ser refrendado, pero nunca fue aprobado. Por ello ahora encaran otro proyecto pero cimentado en las mismas bases a la que denominan una “alianza comercial”. Pretenden entregar a Bolivia el mercado energético en materia del gas por 20 años entre otras acciones que son consideradas como inconstitucionales por el sector privado, tales como el subsidio o el dumping.