En SET se resisten a perder beneficio de la repartija de multas

La viceministra de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Marta González Ayala, se resiste a perder los millonarios ingresos extras que le generan las multas aplicadas a contribuyentes. Eso se desprende de una nota enviada esta semana a la ministra de Hacienda, Lea Giménez.

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Nuestro diario accedió ayer al Memorándum de la SET N° 41, que la viceministra González dirigió el 23 último a la ministra de Hacienda, Lea Giménez, para expresar su “preocupación e incertidumbre” respecto al tratamiento que se está dando en el Senado a la participación de las multas que cobra esta institución. Los recursos generados en ese concepto benefician a funcionarios de diferentes rangos, incluso a ella misma.

Concretamente, la Cámara Alta decidió recortar a la mitad, de G. 40.000 millones a G. 20.000 millones, lo presupuestado por Hacienda en concepto de multas a ser cobradas a contribuyentes infractores, y hay además una intención de excluirle completamente a la viceministra de la SET de la repartija mencionada. Recordemos que gracias a una resolución que ella misma firmó en 2015, Giménez pasó de cobrar un sueldo global de G. 20 millones a G. 40 millones gracias al porcentaje de la participación de las multas.

Según se lee en el Memorando N° 41, son “los directores, coordinadores, jefes y funcionarios” de la subsecretaría los que están preocupados, tal es así que prepararon y firmaron una nota en la que dieron sus argumentos para defender la repartición de los fondos. Sin embargo, datos no oficiales indican que en la SET hubo mucha presión para que todos los trabajadores firmen la nota, que en realidad sería iniciativa de la viceministra.

“Ataques mediáticos”

La nota empieza así: “Desde hace varios meses, los funcionarios de la SET hemos venido soportando en silencio los inmisericordes ataques mediáticos de ciertos sectores que, siendo sujetos de los rigurosos controles que esta administración ha encarado, se sienten afectados o amenazados probablemente por primera vez en muchos años”. Y añade: “Viendo que este ataque se ha trasladado al seno del Parlamento Nacional, consideramos un deber cívico advertir respetuosamente a los señores parlamentarios las graves consecuencias que pueden derivarse de una decisión adoptada en circunstancias coyunturales, sin duda inadecuadas para tratar una cuestión que demanda imperativamente la máxima mesura y sensatez”.

También se argumenta en la nota que el beneficio de la participación de las multas alcanza a todos los funcionarios y se hace hincapié en que estas se originan tras la evasión de impuestos y la sanción a infractores. Cuestiona la “interpretación restrictiva” de algunos senadores y pone como ejemplo a Desirée Masi (PDP), quien pretende la participación del “funcionario interviniente” cuando “todos los directores, coordinadores, jefes y personal de planta venimos incansablemente colaborando para concretar los logros sin precedentes que tiene esta administración”, según resalta la misiva.

Sin embargo, los diferentes gremios de contadores, voceros de contribuyentes y legisladores vienen cuestionando la repartija de las multas, a la que incluso califican de “inmoral” pues genera un conflicto de intereses, ya que los mismos funcionarios que deben decidir si aplican o no una multa son los que se van a beneficiar si la decisión es afirmativa.

Gremios están en alerta

Precisamente, dos gremios del sector se unieron para pedir a la Cámara de Senadores que no cambien su postura de modificar el sistema de participación de multas. Lo hicieron a través de una nota enviada el pasado 23 al senador Fernando Lugo, firmada por el Lic. Horacio Campos Doria, presidente de la Asociación de Graduados en Ciencias Contables, Administrativas y Económicas de la UCA, y el Lic. Carlos Rojas, miembro del Comité Ejecutivo del Movimiento Resistencia Contable del Paraguay.

Estas agrupaciones consideran además que debe ser modificado el Art. 239 de Ley 2421/2004, de Reordenamiento Administrativo y Adecuación Fiscal, que permite al funcionario tener derecho de hasta el 50% de las multas a transgresores.

“Este Art. 239 genera funcionarios públicos de primera y de segunda categoría, la distribución es abusiva y confidencial su manejo, no todos son beneficiados; entendemos que las multas deberían destinarse, el 100%, a Rentas Generales dentro del Presupuesto General de la Nación, para ser reasignados a otros sectores más necesitados”, puntualiza la nota.

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