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El cuestionado esquema que favorece a un grupo selecto de funcionarios ya no tendrá resolución en el ámbito legislativo en este año, esto considerando que la Cámara Baja tuvo ayer su última sesión en lo que va de este 2017, por lo que se tratará recién a vuelta del receso parlamentario.
Los diputados dejaron una vez más en evidencia la falta de voluntad política para una definición sobre el tema, a pesar de que hay cuatro proyectos legislativos que apuntan a una modificación del citado artículo que otorga beneficios a los funcionarios para percibir el 50% de las multas cobradas a contribuyentes en fiscalizaciones.
Una de las propuestas es impulsada por el diputado Éber Ovelar y apunta a volver al estado original a la Ley 125, sobre la calidad del denunciante. La misma anteriormente incluía a los particulares y excluía para el efecto a los funcionarios y en consecuencia, también de la posibilidad de recibir estos millonarios premios, que en años anteriores representaban pequeños montos, pero con los sucesivos esquemas de megaevasión, con la viceministra (Marta González) a la cabeza, algunos funcionarios llegan a percibir hasta el equivalente a 20 salarios mínimos al mes.
Ovelar cuestiona el conflicto de intereses en torno a las multas, cuando la propia viceministra, que debe juzgar estos actos de evasión, se constituye en juez y parte.