Referentes de los gremios: Distribuidoras de Combustibles Asociadas del Paraguay (Dicapar), Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustibles (Cadipac), Cámara Paraguaya de Empresas Fraccionadoras de Gas Licuado de Petróleo (Capagas) y la Asociación de Propietarios y Operadores de Estaciones de Servicios y Afines (Apesa) denunciaron que el Gobierno puso en vigencia una interminable lista de decretos y resoluciones del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) que persiguen y restringen la libertad de mercado y la libre competencia, para favorecer directamente a la deficitaria importadora estatal Petropar, y a costa de todos los paraguayos.
Refirieron que bajo un esquema de coacción el MIC de manera arbitraria e irregular limitó a las firmas privadas del sector la posibilidad de importar combustibles en forma directa, estableciendo cupos de importación sin asidero legal.
Como agravante, añadieron que dichos cupos están atados a la obligación de firmar contratos abusivos con Petropar, para comprar de ella el 50% de sus previsiones anuales de ventas y al precio que ella fije. Esto quiere decir, destacaron, que si Petropar no autoriza, el MIC no concede el permiso de importación.
Esto, según explicaron, transforma a Petropar en una empresa competidora, en ente regulador del mercado, y se le otorgan “de facto” funciones que no se contemplan en las normas vigentes y que se constituyen en competencia desleal.
Dijeron también que las cambiantes reglas de juego y el repetido ataque del MIC hacia el sector, refiriéndose a él “como oligopolio o cártel”, constituyen claros desalientos a inversiones privadas. Consideran que el ministro Leite ya no se constituye en interlocutor válido para el sector, habida cuenta de que en tres años de gestión solo actuó para favorecer a la corrupta petrolera estatal.
Añaden que Petropar debe competir en igualdad de condiciones, regida por la ley como todas y fundada en su propia eficiencia. Condenaron que el Gobierno pretenda salvar esa empresa corrupta con decretos a su medida. Citaron el caso de la sobrefacturación en compra de garrafas por US$ 5 millones, así como sus millonarias pérdidas, y el falseo de datos en su estructura de costos para que siga el festín a costa de todos los paraguayos.