Según lo dispuesto, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) se encargará de la parcelación y transferencia de los lotes a los beneficiarios.
Las tierras en cuestión pertenecieron a inicios del siglo XX a la empresa taninera Puerto Guaraní, de capital extranjero, que luego, a mediados de 1940, se declaró en quiebra. Numerosos obreros que trabajaban en el lugar se quedaron a vivir en la zona, dedicándose a la ganadería en pequeña escala con los pocos animales vacunos que les dejó la firma.
La inmensa propiedad fue vendida varias veces, pasando de un dueño a otro, los que jamás se preocuparon en ocupar las tierras, donde ya estaban asentadas numerosas familias compatriotas.
Abialor S.A. adquirió posteriormente unas 28.000 ha y cuando se dispuso a ocuparla se encontró con la situación ya descripta. En el 2012, el Estado procedió a expropiar 12.000 ha de estas tierras a favor de estos colonos, sin embargo, una resolución de la Corte Suprema de Justicia logró anular en 2013 dicha expropiación, pero en 2014 se insistió y lograron las ya citadas primeras 4.881 ha.