Tras el reclamo de sectores industriales y comerciales de que no hay avances en los procesos judiciales por casos de contrabando, el Ministerio Público empezó a trabajar en una futura nueva estrategia, que permita a los fiscales una mayor libertad a la hora de investigar los casos de contrabando, ya que hasta ahora la mayoría depende de la resolución de la Aduana, entidad encargada de atender los casos de importación ilegal.
En noviembre de 2013, el actual Gobierno inició el operativo denominado “Hendy” con la intención de eliminar el ingreso ilegal de productos al país, con medidas de control más fuertes. También aplicó un sistema que pretende la formalización de los trabajadores de frontera (paseros, estibadores, etc.).
Desde ese tiempo hasta agosto último, la Unidad Interistitucional de Lucha contra el Contrabando (UIC), organismo que se formó para combatir la entrada ilegal de productos, denunció 166 casos de contrabando ante el Ministerio Público. Ninguno de ellos llegó hasta ahora a una instancia final de juicio oral para determinar responsabilidades.
La Fiscalía, por su parte, creó en febrero de 2014 una unidad especializada para atender casos de contrabando con la designación de los fiscales Gubetich de Cattoni, Bernal y Fuster. Estos tres agentes deben presentar en la fecha un informe al fiscal general sobre la situación de las causas que están investigando.
El problema para los fiscales a la hora de avanzar en sus procedimientos radica en que la Aduana define el proceso en lo administrativo, y en la mayoría de los casos, el ente sobreseyó a los investigados. El Ministerio Público busca lograr una jurisprudencia que le permita seguir los casos penales, a la par de lo que se determine en lo administrativo por parte de la Aduana.