El ingeniero Luis Duarte Luraghi, de la empresa DC Ingeniería, confirmó a nuestro diario ayer que hasta la fecha no firmó el contrato con la operadora de telefonía celular del Estado, Vox (Hola Paraguay) para la provisión de una red de fibra óptica y equipos de radio base.
Consultado en relación con el monto del contrato, el empresario dijo que no recordaba. “Creo que eran 14 millones dólares o 16 millones de dólares”, señaló.
Concurso reservado
Es preciso recordar que la adjudicación se dio mediante un discreto concurso de ofertas al que fueron invitados cinco empresas, según explicaciones de Francisco Galiano Morán, presidente de Vox y de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), propietaria de la empresa de telefonía móvil.
Ni siquiera fue publicado en los medios escritos como acostumbran a realizar todas las empresas públicas.
Se trata del llamado N° 3/2013 denominado “Adquisición de bienes y servicios para el proyecto Fondos Universales de la Conatel (Comisión Nacional de Telecomunicaciones)”. Es para la instalación de una red de fibra óptica en varias zonas rurales del país con sus respectivos equipos.
Nuestro diario había publicado el 7 de julio pasado la sigilosa adjudicación de la empresa pública de la millonaria licitación, que serían de unos US$ 20 millones.
Posteriormente, la empresa en un espacio pagado negó que la adjudicación haya sido sigilosa. Explicó que fue en el marco de un concurso de ofertas en el que presentaron solo dos de las cuatro firmas invitadas.
En el espacio reservado no figuraba el monto adjudicado.
Fuera de la Ley 2051
La empresa de telefonía móvil estatal elude el control de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) amparada en un dictamen de la Procuraduría General de la República del año 2011, firmado por su titular de entonces José Enrique García, que argumenta que Vox es una empresa privada, porque su propietaria –Copaco– es una sociedad anónima.
Sobre este punto debemos destacar que si bien la firma es una SA, el Estado es propietario del 100% de las acciones (99% del Estado y el 1% Empresa de Servicios Sanitarios, Essap), también propiedad del Estado y con el mismo dudoso ropaje de SA.
Existe un dictamen del abogado Javier Parquet que desvirtúa el argumento de la Procuraduría. El documento obra en Contrataciones Públicas porque fue elaborado a pedido de Eduardo de Gásperi, extitular de la entidad de control.