En el listado de posibles benefactores presentado por las organizaciones campesinas aparecieron unos 300 funcionarios públicos infiltrados, señaló.

El propio dirigente campesino Elvio Benítez lo admitió por la prensa. “Hay funcionarios públicos en la lista porque hicieron el préstamo para sus familiares; además, están constantemente acompañando a las organizaciones sociales”, dijo.

En ese sentido, la UGP enfatiza que para ser aprobados los pedidos de rehabilitación financiera deben tratarse de proyectos del sector productivo que no superen los 25 salarios mínimos, que equivalen a unos G. 50.000.000.

La presencia de infiltrados hizo que el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) tomara más recaudos para avanzar en la decisión de otorgar o no un nuevo préstamo al solicitante.

Por esa razón, la presidenta del Crédito Agrícola, la ingeniera Amanda León, aclaró que se reestructurará la deuda de acuerdo con la capacidad de pago y a la productividad de cada finca, lo cual será constatado mediante visitas caso por caso.

Hay organizaciones que todavía no hicieron llegar el listado de sus productores atrasados en el pago de sus deudas, cuando ya han pasado 50 días de la movilización que realizaron en Asunción pidiendo la condonación. El plazo para entregar los listados vence el 29 de este mes.

La tardanza no tiene razón de ser, así como la presencia de personas infiltradas en la lista que presentaron las organizaciones, advierte UGP.

A su vez, el ministro de Agricultura y Ganadería, ingeniero Juan Carlos Baruja, opinó que casi el 80% del listado de los productores tiene solución en primera instancia, y el resto requerirá implementar los mecanismos para los que no son sujetos al acuerdo.

También participó en la reunión en el MAG el titular del Banco Nacional de Fomento, Carlos Pereira. “Desde el BNF lo único que podemos hacer es acompañar a los productores y que los bancos decidan si reestructurarán la deuda ellos para comprar la deuda”, apuntó.