Al respecto, López afirmó que ya el Art. 1° de la nueva legislación aclara una situación de “confusión histórica” en cuanto al destino del aporte estatal, que hasta el día de hoy estaba destinado a diversos lugares. “Por ejemplo, la Ley 98/92 establecía que debería ir al fondo de imprevistos y en alguna parte habla de financiar salud, entonces se olvidaron de modificar uno de los incisos y el Estado supuestamente debía aportar más”.

Añadió que la nueva ley redistribuye ese aporte de acuerdo a las necesidades del IPS, pues un porcentaje va a salud, otro a jubilaciones y otro a imprevistos. Remarcó que ahora se tiene ese 1,5% (aporte estatal) dividido como debe ser y no como se tenía antes.

López reconoció asimismo que hasta hoy el Estado no está aportando por un problema fiscal (en más de 70 años debió aportar alrededor de US$ 300 millones). “Ahora vamos a conversar sobre cómo va a ser el aporte; el Ministerio (de Hacienda) está abierto a conversar, teniendo en cuenta que ahora está mejor establecida la carga contributiva y hacia donde tiene que ir ese aporte”, adelantó al respeto.

Por otra parte, el funcionario explicó que el Art. 2° posibilita el intercambio de información dentro del sector público de las empresas, a los efectos de fomentar la lucha contra la informalidad, la evasión y la morosidad.

“Por ejemplo, IPS tiene registradas a 50.000 empresas que aportan a IPS y Hacienda tiene más de 300.000. Además, hay un aporte subfacturado de casi el 60% del salario mínimo, y a la hora de pagar impuestos, las empresas tienen supuestamente un salario mayor, y ahora vamos a poder combatir mejor la informalidad”, advirtió.

En cuanto a las inversiones, López explicó que el Art. 5° establece que IPS va a poder invertir en su patrimonio una parte de las rentas que genera las inversiones del instituto.