Esto se desprende de la providencia de fecha 13 de mayo en que el juez Garcete llamó “autos para sentencia”. En la misma reconoció la personería de los recurrentes (Presidencia de la República y Ministerio de Industria y Comercio), que fueron emplazados para informar sobre los decretos atacados por la multinacional brasileña, y agrega que “fueron evacuados” dichos informes y que ya “no existiendo pruebas que diligenciar, llámese autos para sentencia”.

En un Estado de derecho se espera que el juez dicte sentencia conforme a derecho y acatando la ley, y no ante las presiones ejercidas ni por un Poder Ejecutivo ni por el Ministerio de Industria, ya que ello representaría una intromisión indebida de un poder sobre otro. Por la sugestiva intromisión del propio Cartes en la causa (ver facsímil arriba) se ha generado sospechas al respecto. Cabe recordar que el juez Garcete ya había rechazado el pedido de urgencia peticionado por Petrobras.