El caso comenzó en 2007, año en que se descubrió el ingreso de contrabando de una carga de productos metálicos desde el Brasil a través de la Aduana de Ciudad del Este.
La carga fue importada por la firma Agencia Paraná Import-Export, propiedad de Gabriel González Falcón, un importador que trabaja entre Ciudad del Este y Asunción.
La Aduana revisó el cargamento en agosto de 2007 y observó que no coincidían con los despachos declarados. En la reverificación –control manual y visual de los productos– se confirmó que los camiones que llegaron a nombre de Agencia Paraná Import-Export traían estructuras metálicas y accesorios para tuberías. Sin embargo, en los despachos hicieron figurar plásticos e incluso ropa.
La reverificación aduanera determinó que el impuesto evadido, más multa a pagar por los seis despachos realizados de la carga, sumaban G. 814 millones.
Cuando la Aduana notificó a González Falcón las anormalidades, el empresario denunció falsificación de su firma en los despachos ante la Aduana y la fiscalía.
El ente recaudador abrió un sumario que se extendió por tres años, hasta que en noviembre de 2011 González Falcón fue sobreseído, ya que para la fiscalía aduanera las firmas de González Falcón fueron falsificadas.
Ante esta situación, el importador denunció a los despachantes Sixto Insaurralde, Elver Cantero y Alejandrino De la Cruz González por la falsificación de documentos no auténticos, o sea los despachos para ingresar la mercadería.
La causa cayó a cargo del fiscal de Ciudad del Este Juan Marcelo García de Zúñiga, quien incluyó en la investigación a los aduaneros (ver lista de arriba) que aprobaron el ingreso del cargamento, supuestamente, a sabiendas de que los despachos no tenían la firma real de González Falcón.
En la investigación corroboraron que la carga debió ingresar por el canal rojo (para control físico) e ingresó a través del canal verde (sin control).
El propio fiscal pidió el sobreseimiento definitivo de quienes él había imputado. El juez penal de Alto Paraná, Raúl Insaurralde, quien ya había decretado medidas alternativas, en su momento, a favor de estos aduaneros, los sobreseyó definitivamente.
APELARÁ DECISIÓN
El empresario Gabriel González Falcón, propietario de la empresa Agencia Paraná Import-Export, afirmó a ABC Color que apelará, en todas las instancias que correspondan, la decisión del juez Insaurralde de liberar a los aduaneros y despachantes implicados en la denuncia por falsificación que viene impulsando. “Esto se tiene que aclarar y la Justicia tiene que determinar quiénes son los responsables. El perjuicio que tuve yo fue millonario. No pude importar ni trabajar por varios años por todo este tema. La fiscalía tiene todas las condiciones y documentos, no entiendo por qué ahora se les da ese sobreseimiento, a pesar de que existían todas las pruebas”, se lamentó González Falcón.