Mantener la veda a la venta de bienes del IPS es un serio error

–¿Cuál es la relación de ese eventual déficit actuarial con las propiedades inmuebles?

–Entre algunas de las funciones que tuvo el IPS (en el pasado) estuvo también el prestar dinero, y allí es donde tuvo problemas, no pudo recuperar sus créditos y en muchos casos se quedó con propiedades, como compensación de esos préstamos no recobrados. Y uno tiende a pensar que el Instituto tiene tantas propiedades, no es una inmobiliaria, por lo que tendría que venderlas y, por lo tanto, hacer trabajar ese dinero. En ese proceso, en algún momento dado, se vendieron mal algunos inmuebles, entonces los legisladores, hace 20 años, simplemente impidieron que el los siga vendiendo, a través de una ley que, como una medida temporal para ese tipo de procedimiento hubiese estado “bien”. Pero, inmediatamente se hubieran tomado otras medidas, como la creación de un departamento de ventas y las condiciones necesarias para que el IPS siga disponiendo de sus propiedades inmuebles, en el marco de un proceso de adecuado de inversiones de esos recursos. Entonces, hoy puede estar teniendo excelentes oportunidades de ventas de esas propiedades, pero no los puede enajenar, sino solamente alquilar.

–Tiene alrededor de 1.200 propiedades…

–Sobre los cuales no se está haciendo absolutamente nada, y muchas no se están manteniendo; al contrario, se están descomponiendo, pese a que surgen ofertas. No siempre es negocio alquilar inmuebles. Por ejemplo, habían unas estancias en el Chaco, no sé de cuántas hectáreas, que se querían alquilar, pero no ha pasado nada, y no sé cuál sería el tiempo suficiente para que el arrendatario pueda amortizar las grandes inversiones que llegue a hacer para poder ganar, recuperarlas y quedarse tranquilo.

–Algunos legisladores, gremios y asociaciones creen que la prohibición debe mantenerse sin variación alguna…

–Genéricamente la prohibición está mal, porque en realidad se está dejando de ganar mucho, administrando adecuadamente esos recursos. El concepto de tener bienes inmuebles puede ser una manera de ahorrar, de tener una “reserva”, siempre y cuando que se mantengan en buenas condiciones en el tiempo dichas propiedades, y poder enajenarlas cuando se necesiten fondos. Hoy ni se mantienen bien, ni se tiene la potestad de venderlas cuando las circunstancias así lo requieran; por lo tanto, así como están, no es conveniente para los aportantes (trabajadores y empleadores), ni para el IPS, ni para el país en su conjunto, porque se están perdiendo oportunidades valiosas de hacer inversiones importantes en esos lugares. Es como que yo tengo manos que puedo usar, tanto para hacer cosas buenas como para robar. Entonces, para evitar el robo, las corto, pero también puedo hacer cosas buenas con ellas, el tema está en cómo lo hago. Otro ejemplo, algunos países como Ecuador han optado por la dolarización de su economía, y (Alfredo) Jaeggli decía que en Paraguay habría que hacer lo mismo, porque básicamente nosotros no somos buenos haciendo la política monetaria, entonces tenemos que dejar de tener política monetaria. Este tipo de argumentos no resiste un análisis medianamente serio, porque con ese argumento, en realidad, nada se puede hacer.

Cabe recordar que los diputados liberales Amado Florentín, Eulalio Morel, Fernando Oreggioni, y el colorado Luis Gneiting, presentaron anteayer un nuevo proyecto de ley que autoriza al IPS a vender solo el inconcluso complejo habitacional de Mariano Roque Alonso. Estiman que será tratado por el pleno de la Cámara en mayo próximo.

Una venta condicionada

El nuevo proyecto de ley que autoriza al Instituto de Previsión Social (IPS) a vender solamente el inconcluso complejo habitacional de Mariano Roque Alonso establece una serie de condiciones para que ello ocurra.

Por ejemplo, el consejo de administración del instituto determinará, por mayoría absoluta de dos tercios (las dos terceras partes del número total de sus miembros), la oportunidad y conveniencia de implementar la enajenación, a título oneroso, del inmueble individualizado.

Además, en la eventualidad de implementarse la facultad de enajenación prevista, el consejo de administración determinará el valor total y modalidad de transferencia del inmueble, conforme a la tasación realizada por una empresa especializada en la materia, que será contratada por vía de concurso público de oferentes, el monto final en ningún caso será inferior a lo establecido por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
La tasación será realizada con una antelación no mayor a seis meses, previo al acto administrativo que autoriza la enajenación, entre otras exigencias.