El presidente interino del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), doctor Juan Carlos Ramírez Montalbetti, afirmó ayer que, tras un análisis realizado a la operación, se concluyó que “el Instituto no debió adquirir” las 5.700 hectáreas ubicadas en el departamento de Cordillera, adquiridas de la firma San Agustín SA (ligada al senador oviedista Jorge Oviedo Matto) por unos 60.294 millones de guaraníes de los cuales 46.900 millones ya fueron pagados días antes de las elecciones presidenciales.
“La compra no tendría que haberse dado, teniendo en cuenta cuatro puntos esenciales que son suficientes para descalificar todo el proceso de compra del inmueble”, aseguró Ramírez Montalbetti.
La derogación de la expropiación por el Congreso, la declaración de la colonización de hecho, la duplicación del precio de las tierras en un corto tiempo y la calidad de las tierras no aptas para la agricultura son elementos más que contundentes para desvirtuar toda la compra, sostuvo el ministro Anticorrupción.
Señalado si no habría una corresponsabilidad del Congreso por haber presupuestado taxativamente la compra de dicho inmueble, Ramírez Montalbetti manifestó que “no porque esté presupuestado se tiene que gastar necesariamente”.
Preguntado si, ante lo mencionado anteriormente, la compra de las tierras de San Agustín representa entonces un hecho de abierta corrupción, el ministro no quiso lanzar calificativos, remitiéndose simplemente a decir que los elementos encontrados dan cuenta que dicha propiedad “no debió haberse comprado”, por los puntos señalados.
Recuperación
Requerido acerca de la recuperación de los casi 47.000 millones de guaraníes que ya pagó el Indert por dichas tierras, Ramírez Montalbetti indicó que corresponde a la Procuraduría General de la República iniciar las acciones legales para ver las posibilidades que hay para que el dinero retorne a las arcas del Estado.
En cuanto al 20% que resta por pagar a la firma San Agustín, de manera que se transfiera el inmueble a favor del Indert, aseguró que “mientras yo esté en el Indert no voy a pagar más nada”.
Recordemos que están imputados en este caso por lesión de confianza el expresidente del Indert abogado Luis Ortigoza y los miembros de la Junta Asesora, Emmanuel Friedmann, Justo Gamarra y Milciades Duré. También fueron imputados Arnaldo Jara, contador del Partido Unace, y la escribana Martha Roa de Vargas por estafa y lesión de confianza.